Pocos vecinos del Valle del Almanzora desconocen a día de hoy la cifra de viviendas alegales recogida en el inventario elaborado por la Junta de Andalucía. Las más de 12.000 construcciones existentes se han asumido como una realidad con la que hay que convivir y que hay que cambiar pero la alarma en torno al urbanismo sigue existiendo.
Más que las propias viviendas, lo que sigue haciendo de esta problemática un tema recurrente y de actualidad en la comarca son los continuos procesos judiciales en los que están involucradas cientos de edificaciones para las que, en muchos, se pide la demolición. Poco después de que se hayan conocido los procesos que ponen en riesgo un total de 42 casas en Partaloa, la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN) ha informado sobre otras 9 viviendas en la barriada albojense del Llano de los Olleres para las que la Fiscalía también interesa la demolición, según el colectivo.
Juicio próximo
El juicio, en el que se pide la pena de “un año de prisión, inhabilitación profesional de un año y seis meses y una sanción económica” para constructores y promotores de las casas levantadas en el paraje Las Palmeras, comenzará el próximo miércoles, 9 de julio. Un exconcejal de Urbanismo de Albox, ya fallecido, también estaba imputado en el mismo proceso.
Las familias afectadas son de origen británico. A dos de las defiende Gerardo Vázquez, abogado de AUAN. “Son personas jubiladas que irán a juicio a defender sus casas y a explicar que llevan muchos años en Albox, donde han hecho su vida. ¿Quiere el Estado echarles a la calle o que pasen el resto de su vida pidiendo una indemnización, si es que se derriban sus viviendas?”, se pregunta Vázquez. El letrado ve “injusto” que se pida a las “víctimas” tirar su casa, ya sea “por protección de la legalidad urbanística o del medio ambiente. Es injusto que los inocentes paguen por algo que no han hecho”.
Piden al Gobierno que cambie la ley
La presidenta de AUAN, Maura Hillen, ha pedido al Gobierno español al pronunciarse sobre este nuevo caso que realice “un cambio en la ley” para “garantizar” que los afectados por demoliciones reciban la indemnización.
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