El pleno del Ayuntamiento de Olula del Río aprobó el jueves el informe eleaborado por los servicios técnicos de Diputación por el que estima de una forma objetiva el coste de las obras pendientes y necesarias para acabar el centro de salud nuevo en este municipio.
De esta forma se desatasca la construcción de este proyecto, idea de la anterior corporación dirigida por Antonio Lucas y, que en plena crisis en 2011 quedó paralizado. Según el actual equipo de gobierno del PP, aquella decisión comprometió las arcas públicas de Olula al hacerse cargo injustificadamente del 60 por ciento del coste, dejando el 40 por ciento restante a la Junta de Andalucía.
Vuelta a la obra La intención del alcalde, Antonio Martínez, es que las obras se retomen tras las vacaciones, tal y como anunció LA VOZ el 3 de junio. Para ello, y tras la decisión administrativa formal de ayer, hay que buscar el dinero necesario para retomar las obras, que cuando se cerraron ya tenía un sobrecoste del 25 por ciento sobre lo inicialmente establecido. La obra estaba adjudicada en 2,3 millones y a día de hoy ya se ha gastado cien mil euros de más y la obra está paralizada. La empresa se vio afectada por la crisis y el conflicto sigue en los tribunales.
Promesa electoral Pero el actual alcalde, del Partido Popular, llevaba en su programa que este centro se terminara. Y ello pese a que desde su inicio se vio esta decisión del anterior gobierno socialista como “una maniobra política” para satisfacer a la Junta de Andalucía. Además, “la utilidad del nuevo centro es discutible”, asegura Paco Gregorio Navarro, portavoz municipal, quien afirma que las necesidades sanitarias del pueblo están y han estado cubiertas por el actual centro existente, que data de los años ochenta. Pero es que además, el nuevo centro de salud no aportará servicios ni especialidades nuevas respecto al ahora existente. “Se tratará en realidad de un mero traslado del personal”, asegura. Las obras se retomarán por tanto a la vuelta de las vacaciones. El Gobierno municipal asumirá su dirección directa por la vía administrativa. Al usar por la “vía administrativa” a trabajadores habituales del ayuntamiento en las labores de electricidad y carpintería buscará ahorrar costes.
Préstamo y aval Para sacar adelante esta obra, el Ayuntamiento recurrirá al aval o deposito de 230.000 euros que la empresa aportó al inicio del contrato. Usará también una subvención de la Junta y finalmente tendrá que pedir un crédito de 200.000 euros. “La situación financiera del ayuntamiento no es la que nos encontramos y hoy por hoy por fortuna nos lo podemos permitir”. Este será el segundo préstamo que pide esta corporación municipal gobernada por el PP.
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