El informe de la Fiscalía Provincial de Almería sobre la instrucción llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción de Vélez Rubio, por un presunto amaño de unas oposiciones de Policía Local, pide el sobreseimiento y archivo de la causa que se sigue contra el exconcejal socialista Diego Gea y los policías locales M.L.S. y J.G.G. Diego Gea fue responsable de la Consejalía de Hacienda y Personal en V´lez Rubio entre los años 2003 y 2011,
En el informe, al que ha tenido acceso LA VOZ, la fiscal interesa el sobreseimiento “al considerar que de las amplias diligencias practicadas en la instrucción no existen indicios suficientes para llevar a cabo una acusación formal frente a los acusados”.
No obstante, el exconcejal, los dos policías miembros del tribunal de las oposiciones y el propio sobrino, quien actualmente también es policía, siguen acusados por un opositor y el juicio está fijado para los días 13 y 14 de enero de 2015.
Influir a funcionarios
Con respecto a la acusación contra el exconcejal la Fiscalía señala que “no ha quedado probado, en primer lugar, que el acusado Diego Gea haya influido en otro funcionario, en este caso en los miembros del tribunal y también acusados, M.L.S. y J.G.G., pues no ha quedado acreditado que hayan recibido por su participación como jurado en las pruebas selectivas dádiva o trato de favor alguno, ni siquiera beneficio urbanístico como ha podido desprenderse de los informes presentados por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, así como por el tiempo transcurrido entre la actuación urbanística llevada a cabo por el familiar de uno de los acusados que hace, que los posibles delitos urbanísticos que hubieran podido existir estarían prescritos”.
En relación a los delitos de prevaricación imputados a los policías locales y miembros del tribunal, la fiscal señala que “no puede determinarse que los mismos hayan cometido dicha infracción penal por el simple hecho de ratificar la nota del examen, pues según todos los miembros del tribunal, la puntuación y calificación dada tras la lectura de los exámenes debía ser mantenida”.
En cuanto al delito de omisión del deber de perseguir delitos imputados a estos dos acusados, la Fiscalía expone que “si no hallamos hecho delictivo no podemos culpar la omisión de perseguirlo. Es más, la irregularidad de encontrar el sobre que contenía los exámenes abierto fue puesta en conocimiento de la alcaldesa existente en ese momento por parte de M.L.S. y por medio de un documento que obra en las actuaciones, abriéndose una investigación interna y que dio como resultado la falta de elementos que pudieran determinar quién había abierto el sobre o si en algún momento había sido manipulado”.
Sobre la denuncia de una posible manipulación del examen del sobrino que aprobó las oposiciones, D.R.G.L., la Fiscal descarta que se produjera la misma indicando que “como resulta de los informes periciales, en el examen de D.R.G.L. todos sus folios han sido escritos por la misma mano, en el papel utilizado no se aprecian diferencias y sí coincidencias, las tintas presentan idénticas respuestas y color. Resultando sólo al respecto que entre el folio 4 y 5 se desechó uno, y que los cambios en la escritura puede ser objeto de los nervios y angustia o, mediante dudas razonables, de una manipulación en los folios del examen”.
Renuncia de un denunciante
Según fuentes relacionadas con elcaso, en las últimas semanas se ha conocido que uno de los dos denunciantes ha renunciado a la acusación particular. El exconcejal Diego Gea y los tres policías locales siguen ahora acusados por un opositor que no aprobó ningún examen y que pide varios años de cárcel para los acusados y una fuerte suma de dinero al exconcejal.
Más diligencias para un acusado
Em relación al tercer policía acusado, el sobrino del exconcejal, a efectos de determinar si existe delito de prevaricación de funcionarios públicos al contar con antecedentes penales (le retiraron el carné en 2006 por dar positivo el test de alcoholemía tras sufrir un accidente), incompatibles con los requisitos para acceder al cargo de policía local, la fiscal solicita una serie de diligencias complementarias.
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