El coste de la Autovía habría subido un 83% con financiación público-privada

Si las obras de la Autovía del Almanzora hubiesen seguido la ruta marcada en la anterior legislatura por la Junta de Andalucía, y se hubiese puesto en marcha el modelo de financiación público-privada, su coste habría sido muchísimo mayor, casi duplicando la inversión que habría sido necesaria mediante un sistema de obra pública pura y dura.

Esto es lo que se deduce del informe elaborado por la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las actuaciones público-privadas de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Según este informe, el coste de la Autovía del Almanzora se habría incrementado un 83% con el modelo mixto.

En 2010, la entonces Consejería de Obras Públicas y Vivienda anunció que los tramos que quedaban sin ejecutar en las dos fases -la que enlaza Huércal-Overa con Purchena y la que une Purchena con Baza- se habían incluido en el primer paquete de obras que se iban a financiar con el modelo de colaboración público-privada.

De hecho, mediante acuerdos de 2010 y 2011, la Junta autorizó a la Agencia a contratar la construcción, conservación, mantenimiento y explotación de la Autovía del Almanzora A334, tramo Purchena-Autovía del Mediterráneo A-7.

La concesión se realizó por un periodo de 30 años y la concesionaria ejecutaría las obras y conservaría las infraestructuras financiado el coste total de las mismas. Una vez finalizadas las obras, y durante los años de concesión, la adjudicataria recibiría de la Agencia un canon anual denominado Pago por Disponibilidad hasta el final de la concesión.

El contrato
El 15 de marzo de 2012, la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, firmó el contrato con la sociedad concesionaria, Autovía del Almanzora S.A, integrada por Meridiam, Acciona, Cintra (filial de Ferrovial) y las constructoras andaluzas Detea, Montealto y Felipe Castellanos, que debía ser la encargada de realizar el proyecto.

Según la Junta, ese proyecto supondría una inversión de 123 millones  y un plazo de ejecución desde que estuviese finalizado el proyecto constructivo de 36 meses.

En el informe de la Cámara de Cuentas se recuerda que estas obras no se han ejecutado, por lo que para su análisis ha realizado un ejercicio de simulación de los flujos económicos previsibles para comparar los costes del contrato con los que se derivarían de acometer la construcción y el mantenimiento de la infraestructura con financiación solo pública. Por ello, la Cámara recomienda que el uso de esta modalidad debe justificarse mediante un análisis previo que compare ambas alternativas y el déficit y el endeudamiento no sean los argumentos definitivos.

No obstante, en esta legislatura, con la llegada a la Consejería de Fomento de IU, se anunció que se abandonaba el modelo de financiación público-privada, apostando por inversiones presupuestarias.