Piden la nulidad del proceso sobre las 5 casas ilegales

Los letrados que representan a los ciudadanos británicos propietarios de las cinco viviendas en Oria sobre las que pesa una petición de demolición por parte de la Fiscalía han presentado un incidente de nulidad de actuaciones. El argumento esgrimido es que no se le ha hecho ofrecimiento de actuaciones a sus patrocinados y no se les ha dado traslado de las actuaciones para formular acusación y proponer prueba en la fase intermedia del procedimiento.

La vista oral estaba señalada para ayer en el Juzgado de lo Penal 2 de Almería, cuyo titular ha aplazado sin fecha la celebración del juicio y ahora deberá pronunciarse sobre si procede retrotraer las actuaciones y, por tanto, devolver la causa al Juzgado de Purchena para subsanar esta circunstancia.

El abogado Gerardo Vázquez, quien defiende los intereses de un matrimonio septuagenario con “graves problemas de salud” y cuya personación fue aceptada el pasado día 9, ha remarcado la situación de “indefensión” en la que están los perjudicados en la causa penal que se sigue contra los dos constructores y promotores de las casas. 

Sin indemnización
El abogado ha hecho hincapié en que la tónica es que “los dueños de casas ilegales con derribo se queden además sin indemnizacion al declararse insolventes los promotores”.

“Nosotros vemos aquí también una posible responsabilidad del Ayuntamiento de Oria que no hemos podido alegar y sustentar porque no hemos sido parte en el procedimiento”, ha lamentado Vázquez, quien ha puesto como ejemplo el caso de otra propietaria afectada “a la que ni siquiera se citó en su día a declarar y que no ha sabido nada de este procedimiento hasta prácticamente hoy”.

Las casas, localizadas en la Rambla de Oria, fueron promovidas y construidas supuestamente sin licencia municipal de obras y sobre suelo calificado como no urbanizable, por lo que el fiscal considera que no son autorizables e interesa su derribo para, de este modo, restaurar la legalidad alterada.

Dos promotores, los acusados
Según la Fiscalía, el acusado D.R.G., promotor y constructor, edificó entre los años 2003 y 2004 cuatro casas unifamiliares sin licencia y en suelo no urbanizable, por lo que pide para  él dos años de cárcel.

Para el segundo acusado, A.A.R., promotor británic0 que edificó una vivienda en 2004 en el mismo paraje, piden de 15 meses de cárcel.