El exsecretario de Partaloa pide 10 años de inhabilitación para el equipo de gobierno por su cese

El exsecretario-interventor municipal de Partaloa, quien ejerce la acusación particular en la causa penal que se sigue por su cese en agosto de 2011, ha solicitado penas individuales de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el alcalde, José González (PP) y los concejales del equipo de gobierno Enrique Montalvo, Antonio Peñuela y Federico Molina, todos del PSOE.

Cabe recordar que la Fiscalía interesa ocho años y seis meses de inhabilitación acusados de propiciar el cese "a sabiendas" de que el acuerdo que estaban adoptando "no se ajustaba a la legislación vigente" e incurrir, por tanto, en un presunto delito de prevaricación".

El escrito de calificación provisional, remitido al Juzgado de Instrucción 1 de Huércal-Overa por el abogado Alfredo Najas y consultado por Europa Press, interesa, además de la pena de inhabilitación especial, que los cuatro indemnicen conjunta y solidariamente a su patrocinado con 2.399 euros por ser la cantidad que se le adeuda en concepto de nóminas.

Según indica, el perjudicado fue nombrado vicesecretario del municipio de Huércal de Almería el 3 de noviembre de 2011, lo que hizo que quedará "extinguida" su acumulación en Partaloa y que quedaran por devengar las nóminas de los meses de septiembre y de octubre, y la parte proporcional de la paga extra, lo que suma la cantidad que solicita a los acusados como responsables civiles.

En el relato de los hechos coincide con el realizado por el Ministerio Público que considera que los cuatro, desde sus cargos de regidor, concejal de Obras y Agua, edil de Hacienda y Personal, y concejal de Cultura y Fiestas, respectivamente, incurrieron en un presunto delito de prevaricación de funcionario público.

Asi, detalla que elaboraron el 24 de agosto de 2011 un acuerdo en virtud del cual "rescindían la relación de servicios que hasta la fecha prestaba para el Ayuntamiento de Partaloa este secretario-interventor, lo que le fue notificado al afectado el 29 de agosto, "dejando en consecuencia, desde ese momento, de ejercer de forma efectiva sus funciones".

La Fiscalía remarca que lo hicieron "con total conocimiento y a sabiendas de que la falta de actuación conforme a la legislación vigente" y hace alusión a que Callejón ejercía desde el 11 de abril de 2011 las funciones "en régimen de acumulación, habiendo sido nombrado por la Dirección General de Administración Local".

"No se ajusta a la legislación"

Para el Ministerio Público y la acusación particular, el documento elaborado por González, Montalvo, Peñuela y Molina, "no se ajusta a la legislación vigente" pues, "sin previo expediente administrativo o informe técnico, se redacto sin basarse en precepto legal alguno y por un órgano --ahonda-- que no era competente para acordar dicho cese, de conformidad con Real Decreto 1732/94, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional".

Al hilo de esto, recuerda que en este real decreto se recoge el procedimiento para el nombramiento y cese de dicho cuerpo de funcionarios, "al que pertenece" el afectado, según remarca, y, además, se determina que ha de hacerse por el órgano competente de la comunidad autónoma, en este caso la Dirección General de la Administración Local de la Junta de Andalucía.

El escrito de acusación indica que el alcalde dictó, además, una resolución de fecha 1 de septiembre de 2011 que desarrollaba el acuerdo anterior y resolvía "proceder a la baja, revocación del funcionario" si bien fue recurrida por el afectado en vía administrativa.

Por último, el Ministerio Público subraya que, tras "tener conocimiento" del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Partaloa, la Dirección General de Administración Local remitió el 13 de octubre de 2011 al Consistorio un escrito en el que "se les ponía de manifiesto que el nombramiento en el puesto de secretario-interventor a favor del denunciante estaba vigente hasta tanto se no produjera revocación por el mismo órgano o cese del funcionario".

"Pese a esto, por parte de los acusados no se acordó resolución o actuación alguna al respecto para reintegrar a este en el efectivo ejercicio de sus funciones", concluye.