Los afectados por las casas ilegales miran también al Gobierno central

“Todo esto es una insensatez del Código Penal, que hemos pedido se modifique. No tiene sentido que el único perjudicado de estos procedimientos penales, sea la víctima”. Las palabras las pronuncia Maura Hillen, presidenta de la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No.
Hizo uso de ellas en junio, tras conocerse el riesgo de demolición de 13 casas en el término municipal de Partaloa. Tras años exigiendo a la Junta de Andalucía una modificación en la normativa urbanística buscando la regularización de las cientos de miles de viviendas ilegales existentes, el colectivo de afectados por esta problemática ha ampliado ahora el número de receptores de sus exigencias y reivindicaciones.

Indemnizaciones A falta de respuestas para solucionar el mal mayor -el estado alegal de las construcciones en su mayoría levantadas durante el “boom urbanístico”-AUAN busca ahora subsanar el mal menor, si es que lo hay, mientras espera que se cumplan las promesas de la Administración andaluza. El Gobierno de España es ahora otro de los destinos de las reclamaciones de este colectivo. Si bien no tiene todas las competencias necesarias en materia urbanística que solucione la situación de las casas, el código penal esconde posibilidades que servirían para proteger a los compradores “de buena fe”, como se encargan de repetir una y otra vez desde la asociación casi cada vez que hay un pronunciamiento por parte del colectivo.
Las últimas peticiones en este sentido, como las de Maura Hillen, llegaron a raíz de una información acompañada por las novedades judiciales que rodean a las viviendas de Partaloa.
Desde AUAN se subrayó la necesidad de asegurar la indemnización al comprador. Hasta ahora, el pago de dicha indemnización suele recaer en los promotores, que en muchos casos no tienen posibilidad económica para hacer frente al mismo. “La técnica habitual en estos casos parece ser demoler primero y dejar a las víctimas que inicien una lucha incierta e insegura para tratar de obtener la indemnización. El problema es que las víctimas se suelen quedar sin casa y sin dinero”, denuncian. Que AUAN mire de reojo a Madrid mientras clava sus ojos en Sevilla no es de extrañar. Sobre todo después de las últimas elecciones europeas. Antes de que diera comienzo en Fines un mitin del número dos de la lista de los populares, Esteban González-Pons, el dirigente del PP junto a otros representantes del partido se reunieron con la asociación, adquiriendo una serie de compromisos con los mismos. “Vuestro problema es nuestro problema”, llegó a decir el candidato convertido ahora en eurodiputado.
Más de dos meses después desde la asociación lamentan que no han vuelto a saber nada en este sentido por parte del partido. Ni de este ni de ningún otro. Responsables del colectivo son conscientes de que quizás no ha pasado mucho tiempo desde la reunión celebrada; pero anteriores experiencias y encuentros frente a frente con otras formaciones que han resultado en años de espera en balde no llaman al optimismo.
Mientras llegan las noticias, la espera continúa. El colectivo no solo aguarda una respuesta a los compromisos preelectorales. En noviembre de 2013 varios responsables de la Junta de Andalucía que visitaron la comarca del Almanzora, zona cero de la problemática, donde anunciaron que la Administración trabajaba en cambios para la legalización de las parcelaciones (dos o más edificaciones en  una parcela), uno de los mayores quebraderos de cabeza para los agentes implicados, sobre todo ayuntamientos. Ocho meses después, AUAN tampoco sabe nada en firme  sobre una próxima materialización de esta iniciativa.