De planeo sobre sillas de ruedas

Es lo que toca estos días. Nada de temas sesudos para leer mientras nos tostamos al sol, nada de asuntos peliagudos con el fresco tinto de verano, nada de tertulias radiofónicas acaloradas encendiendo el aire acondicionado. Los meses estivales están hechos para evadirse, para olvidarse de enfrentamientos bizantinos, para reencontrarse con amigos. Pero a veces suben tanto las temperaturas que se nos derriten las neuronas, cargamos de más la tensión arterial o pisamos fuerte el acelerador.
Lo que este verano podía haber sido un estío placentero para bañistas en sillas de ruedas, se ha convertido en un calvario para nuestro colectivo, en un caldo de cultivo mediático y en un quebradero de cabeza político. Y esto no acaba nada más que empezar.
A nadie se le escapa que la ley de la oferta y demanda no es un modelo exclusivamente económico. También es la base de otros comportamientos humanos. Verbigracia el de los puntos accesibles: a más puntos, más bañistas con movilidad reducida. El litoral español, incluido el almeriense, está salpicado de chambaos de madera sombreados por una lona que anuncia la presencia de un cobijo destinado a quienes van en silla de ruedas. Los hay de todos los estilos, tamaños y ubicaciones; más lejos de la orilla; más ocupados por domingueros de merendita; más huérfanos de sillas anfibias... Pero cada vez son más los municipios que se ocupan de prestar este servicio a un potencial turístico tan en auge como el de la discapacidad. Al final me parece que voy a hablar en términos economicistas.
La instalación adecuada, idónea y correcta de un punto accesible cuesta dinero. Y mucho. No es solo un valor añadido a un cacho de arena que le suponga al ayuntamiento en cuestión izar una bandera azul; es también un incremento en los gastos destinados a aproximadamente un diez por ciento de la población, la que tiene dificultades en su desenvolvimiento de manera autónoma. Quizás así, recogiendo en los presupuestos municipales estas inversiones, los gobernantes nos entienda cuando decimos que a los ciudadanos con diversidad funcional, el hecho de tener este hándicap nos supone mensualmente más de un 20 por ciento de gasto añadido a nuestro bolsillo con respecto a quienes no tienen discapacidad.
Por eso se le pone tan cuesta arriba a muchos concejales de playas convencer a sus respectivos alcaldes de que incrementar cada año el presupuesto para los puntos accesibles es fundamental para: cumplir con la obligación institucional de atender a colectivos desfavorecidos; atraer más turistas para los que su diversidad no es un obstáculo para viajar; complacer el deseo legítimo de cualquier persona (sin distinción de su condición física) de darse un capuzón cuando aprieta el calor (que en Almería va de Semana Santa a octubre); no salir malparado durante todo el verano en periódicos, radios, televisiones, redes sociales o grupos de whatsapp.
En el inicio de este verano ha quedado demostrado que las personas en sillas de ruedas tenemos un peso específico en algo tan mediterráneo como zambullirse en la playa, hacerlo de manera digna y sin cantinelas de diatribas políticas. Estamos en verano; no calentemos más los ánimos. Resolvamos las diferencias y las dificultades poniendo todos de nuestra parte. Construyamos pasarelas hacia el entendimiento y la colaboración institucional, y así no nos torraremos por situaciones incómodas que deberían estar ya superadas.