La incómoda independencia

Me refiero a la independencia de la Justicia, porque de las independencias del noreste me encuentro con un auténtico empacho, al borde la oclusión intestinal del cerebro, que ya sé que no tiene intestinos, pero si los tuviera estos días hubieran producido auténticos ictus de pronóstico irrecuperable.
Eso que llamamos Democracia no es sólo votar cada cierto tiempo, sino que, en el transcurso de la vida cotidiana, un gobernante, democráticamente elegido, no pueda descolgar el teléfono y ordenarle al juez que al delincuente que esté juzgando lo deje libre, porque es un amigo, una cuñada o una novia. 
O que le ordene al arquitecto municipal que declare la zona rústica como terrenos de construcción intensiva, o que, paseando por el campo, un gobernante -democráticamente elegido, claro- decida que se expropie una finca, porque la ha gustado y quiere quedársela para él. Las reglas de la propiedad y de las leyes son mucho más importantes que cambiar de mediocres gobernantes cada cuatro años. 
Y esa independencia es incómoda para los gobernantes, que se tienen que aguantar, y soportar que todos somos iguales ante la Ley. Si no fuera así el PP habría cortado lo de la trama Gürtel. Y, en Andalucía, la Junta hubiera suprimido la investigación de los Eres de la GC (Gran Corrupción). Pero no puede. Y se aguantan.
Ahora, por ejemplo, si no hubiera independencia del Poder Judicial, es decir, si España fuera una RB (República Bananera) se les “aconsejaría” a los jueces que no fueran muy estrictos y no empezaran a meter delincuentes independentistas en la cárcel. Pero no pueden hacerlo. 
Porque España es un Estado de Derecho. Y el expresident catalán Puigdemont un delincuente fugado de la Justicia.