El abogado belga de Puigdemont promete ser una ‘mosca cojonera’ para España

Ni saben de lo que ha­blan, ni piensan lo que di­cen, ni re­cuerdan lo que han de­cla­rado hace sólo dos días. Son con­tra­dic­ción per­ma­nente, men­tira am­bu­lante. Este es el pa­no­rama exis­tente este fin de se­mana en torno a la fuga de Puigdemont y cuatro ex con­se­llers a Bélgica, a la eu­ro­orden de de­ten­ción contra ellos, a la en­trada en pri­sión de otros nueve y a las con­se­cuen­cias de todo ello.
Calumnia, que algo queda. Algunos supuestos analistas internacionales compran la monserga de la ‘politización de la justicia española’. Por ejemplo, nada menos que Simon Jenkins, uno de los más respetados columnistas británicos, se permite el lujo de escribir en The Guardian que tras la DUI, ‘Madrid inmediatamente detuvo a los políticos catalanes que pudo encontrar, bajo acusación de rebelión y traición’. Lo de traición se supone que es una mala traducción, pero además omite la malversación de fondos púbicos y la desobediencia al Tribunal Constitucional. Y la vulneración continua de la Constitución.
Madrid no detiene. Lo hace la policía bajo órdenes judiciales. Y si lo de Jenkins no tiene pase, lo del abogado belga de Puigdemont es de un cinismo grasiento y maloliente: ‘No me fío ni un pelo de la Justicia española’, ha proclamado Paul Bekaert. ¿Por qué, en base a qué? No lo explica, no puede aportar ni un dato, pese a los muchos años que lleva defendiendo a etarras. Con éxito algunas veces, al evitar la extradición de algunos militantes. Por algo es conocido como ‘Lucky Luke’, en referencia a uno de los grandes cómics de origen belga.
Pero también ha tenido fracasos, porque los tribunales de su país no siempre compran la mercancía averiada de que si se entrega a los buscados se violarían sus derechos humanos. Bekaert, ante la perita en dulce de un caso que le pone de nuevo en primer plano, alega normalmente que a sus defendidos se les negaría un juicio justo. Y en el caso de Puigdemont, si aterriza finalmente en la cárcel sería un ‘mártir’. Él está dispuesto a evitarlo, algo que de paso le dejaría definitivamente a Junqueras ese título honorífico para el secesionismo.
Tan poseído de sí mismo está Bekaert, tan emocionado por el foco mediático, que ha prometido nada menos que ser una ‘mosca cojonera’ para España con la orden de detención de Puigdemont y compañía. La expresión es una versión libre pero exacta de lo que ha dicho el abogado y que recuerda este sábado Mehereen Khan en Financial Times.

Cobardía Bekaert ha sido más enérgico aún, y no en lenguaje figurado, sino directo: ‘El Gobierno español usa los tribunales para la política, y eso incluye a los tribunales belgas en tiempos pasado, y es totalmente inaceptable’. En este punto, aparte de una injuria y/o calumnia contra la judicatura española susceptible de alguna demanda que otra, Bekaert puede haber dado un solemne paso en falso.
De hecho, es el mismo resbalón que están dando señalados dirigentes secesionistas. Las detenciones firmadas por la juez Carmen Lamela las habría ordenado el Gobierno. En ese caso, ¿cómo es que en Moncloa están que no les llega la camisa al cuello porque todo el mundo entiende que los encarcelamientos iban a ser utilizados por el independentismo en su permanente campaña de victimismo, como así ha sido? ¿Cómo es que en Cataluña, en el resto de España y en el mundo entero se interpretan esas detenciones como una mala noticia para el Gobierno Rajoy porque benefician a los independentistas?
No se tiene en pie: si Rajoy mandara en los tribunales, ni habría tenido que ir a declarar sobre la Gürtel ni habría permitido a Lamela enviar a Junqueras y otros consellers a Estremera y Alcalá Meco.
Aunque el razonamiento es más que evidente, muchos pican el anzuelo victimista. El propio Puigdemont lo volvió a exhibir en su entrevista el viernes por la noche en la cadena RTFB: ‘Ninguna ley permite al Gobierno español anular la legitimidad de un Gobierno ni encarcelar a sus miembros’. El ex president miente descaradamente dentro de su cobardía, más patente cada hora que pasa. La Constitución, el Estatut, el Código penal y unas cuantas leyes y ordenamientos más no sólo permiten sino que obligan al Estado a actuar.

Más mentiras Más mentiras de Puigdemont, que en Bélgica ni le replican porque nadie o casi nadie ha estudiado la cuestión: ‘Hemos sido elegidos por una gran mayoría en 2015’. Falso: JxSí tuvo una minoría de votos que por el sistema de reparto de escaños le permitió sumar con los antisistema de la CUP una exigua mayoría parlamentaria. Punto. Pero a él le da tan igual como esconderse vergonzantemente, para su propia humillación, en este argumento para no regresar a España: ‘No quiero huir de la Justicia, no quiero escapar de la Justicia, estoy dispuesto a colaborar, pero con la verdadera Justicia, no con la Justicia española’. Pobre diablo.
De todas formas, algunos se ablandan con tanto lloriqueo. A otro insigne comentarista de Financial Times, David Gardner, se le escapa un juicio de valor inconcebible: en artículo sobre los movimientos independentistas en Europa, aluda sin justificación alguna a ‘la sospechosamente politizada judicatura española’. Ni lo explica ni nada, lo dice sanseacabó. Naturalmente, esa ‘politización’ la valora como ‘oro para el campo separatista’. O sea, que se contradice a sí mismo, como tantos otros.