Tres errores de enero

Cuando después de la tempestad no llega la calma
El sector agrícola almeriense, tan rupturista y en tantos aspectos, también lo es en la tradición climatológica. En Almería, después de la tormenta, no llega la calma, antes llega la avalancha de peticiones de ayuda. Estas semanas, después de los tornados, ha vuelto a suceder. La industria- qué otra cosa son los invernaderos sino fábricas de productos alimentarios cubiertas por plástico- la industria más puntera de Almería, digo, ha vuelto al bucle histórico. No está mal, pero no es lógico, o, al menos, no es lo más acertado. Los errores propios no pueden correr por cuenta ajena. El dato de que solo poco más de diez por ciento de los invernaderos están bajo la protección de los seguros es demoledor. Y contradictorio. 
En aquel tiempo en que la producción agrícola era el fruto de la acumulación de azares climatológicos el paraguas de la subvención era la única protección contra los efectos inevitables de la lluvia torrencial, el granizo repentino, la helada arrasadora o el viento huracanado. Pero ese tiempo de barrancos y torrenteras pasó y la persistente apelación a la subvención oficial ha acabado por perder toda lógica. Los invernaderos, como cualquier otro sector productivo, deben contar con seguros que les alejen de la intemperie. La queja es siempre más barata que una póliza del seguro pero no se puede pretender consolidar la mayor ‘fabrica’ de producción alimentaria de Europa si no se destierran comportamientos tan mental y conceptualmente obsoletos. El 10 por ciento, apenas cuatro mil de las más de treinta mil hectáreas de invernaderos asegurados, es una cifra que produce más escalofríos que cualquier circunstancia climática. 

¿Satisfacer la demanda o provocarla?
El Partido Popular no sabe cómo salir del laberinto de la línea de alta tensión que habría de dotar de más capacidad receptora y mayor fuerza transportadora la geografía almeriense y granadina desde Vera hasta Baza. La respuesta más a mano que han encontrado los representantes del gobierno de Rajoy para justificar su débil compromiso con esta aspiración respaldada por alcaldes y empresarios es sostener que las características en tiempo y capacidad del tendido habrá que adaptarla a la demanda. En principio el argumento parece lógico. Pero no lo es.
Y no lo es porque lo que diferencia a una administración moderna de una gestión obsoleta y ya superada por la realidad es que, mientras en ésta la iniciativa privada llegaba muchos años antes que las infraestructuras públicas, en aquella son los instrumentos públicos los que generan y consolidan nuevos espacios productivos. El gobierno, cualquier gobierno, no puede adoptar decisiones paliativas, debe planificar escenarios técnicos incentivadores de las inversiones empresariales.
En España nunca ha sido entendido así y nos resistimos a asumir que, contradiciendo la matemática, el orden de los factores productivos sí altera el resultado. Valga solo un ejemplo: ¿Es preciso que para que llegue el AVE haya colas en la estación de Atocha queriendo comprar el billete para viajar hasta Almería o no será más acertado poner antes las vías y los trenes para incentivar el viaje y hacer más atractivo el destino? Cuando se planificó el AVE a Sevilla, el ilustrado catetismo andaluz lo consideró un disparate porque nunca habría demanda. Han pasado veinticinco años desde su inauguración y aquel disparate quimérico de Felipe González puso Sevilla en el mapa de la modernidad y la ha convertido en una de las ciudades más visitadas de España. ¿Hay que esperar a que haya más demanda empresarial de la que ya hay para construir la línea eléctrica o habrá que hacerla antes para incentivar y hacer atractivas las inversiones?

El error del agua autonómica
El problema de la escasez de agua sigue corriendo por las acequias de un laberinto interminable al que es imprescindible buscar salidas. El domingo este periódico abría su portada con un titular en el que se señalaba que los agricultores almerienses pagan el agua desalada el doble que los de Murcia y Alicante. El motivo de esta diferencia es el decreto de Sequía aprobado por el gobierno en 2015 y en el que se contemplaban y se contemplan bonificaciones en el coste del agua desalada. 
Almería (salvo una parte del Levante) no está incluida en ese decreto porque, mientras alicantinos y murcianos pertenecen a la cuenca del Segura, la mayor parte de Almería está encuadrada en la Cuenca Mediterránea. El diseño autonómico ha construido grandes avances pero, como en toda obra humana, también ha cometido notables errores. Y uno de ellos ha sido no contemplar al agua desde una visión de Estado. 
La realidad es más importante que la burocracia política y, en el tema del agua, la visión de campanario es incompatible con la cohesión territorial. La fiebre autonómica llevó a sus gobiernos a una espiral de demanda de competencias que el tiempo ha demostrado contraproducentes en su resultado, conflictivas en su ejecución y contradictorias con la realidad globalizadora que nos rodea. Llorar por la leche derramada es un ejercicio inútil y ninguna autonomía desandará el camino ya recorrido. Lo que es urgente es la búsqueda de soluciones entre Junta y Gobierno para que esa discriminación negativa quede eliminada de una vez por todas. Las bonificaciones que, a través de Acuamed, reciben murcianos y alicantinos debe llegar también a los almerienses. Del sentido común de unos y otros depende. No es tan difícil. Todos los laberintos tienen su salida.