Francia arrincona a la distribución

El Gobierno francés ha presentado esta semana un revolucionario proyecto de ley que pretende cambiar para siempre las reglas de juego entre la producción y la comercialización agrícolas. Tanto es así, que el Ministerio de Agricultura galo ha anunciado que serán los productores los que determinen el precio de venta de sus productos, que nunca podrán comercializarse por debajo de los costes de producción. Parece increíble, pero es muy cierto. La Ley para el equilibrio de las relaciones comerciales en el sector agrícola y el fomento de una alimentación sana y sostenible establece una serie de parámetros que, de algún modo, velan por garantizar la rentabilidad del productor y protegerlo de las guerras de precios a la baja que llevan protagonizando las grandes cadenas desde hace años.
La inteligente apuesta del gabinete del presidente Macron tiene una justificación aún más inteligente y con visión de futuro. Francia quiere proteger los intereses de sus productores porque los considera imprescindibles para garantizar la soberanía alimentaria del país. Ahondando en este enfoque, el proyecto de ley destaca la importancia de preservar la capacidad de producción agrícola como factor imprescindible para que Francia no pierda su soberanía alimentaria. Y ya puestos en faena, los franceses cuelgan en este proyecto de ley otros objetivos no menos importantes, como promover alimentos favorables para la salud y que sean respetuosos con el medio ambiente y reducir las desigualdades de acceso a una alimentación sostenible y de calidad.
La protección pública al agricultor galo llega aún más lejos, ya que por imperativo legal antes de enero de 2022 al menos el 50% de los alimentos que se sirvan en comedores públicos de todo el país tendrán que ser de origen francés y, si es posible, con etiquetado ecológico o de una denominación de origen.
La valiente apuesta que significa esta innovadora ley es el fruto de un proceso de consultas que comenzó el pasado mes de julio y que finalizó en diciembre. Este proceso, conocido por 'Los Estados Generales de la Alimentación' (EGA) ha recogido reflexiones y aportaciones de toda la sociedad francesa y se ha reflejado en una hoja de ruta que marca los compromisos del Gobierno francés con el mundo rural para los próximos años. Cuando dentro de unos meses esta ley entre en vigor habrá que ver su operatividad. Quizás las grandes cadenas de distribución prefieran comprar menos en Francia antes que cumplir con los nuevos requisitos impuestos por el Gobierno sobre los precios de los productos agrarios. Habrá que verlo...