Recuerdo haber hablado hace tiempo con uno de los ingenieros que participaron en la construcción del famoso hotel El Algarrobico en la costa de Carboneras. Su opinión respecto de su eventual demolición distaba mucho del clorofílico optimismo de los ecologistas. “Ese edificio tiene los pilares tan metidos en la montaña que, si de verdad quieren tirarlo, lo mejor que pueden hacer es llamar a la Armada para que lo bombardee desde el mar.” Acabar con lo que no se puede ver, pero se intuye al comprobar lo que sostiene, no sólo es una misión al alcance de los calibres más gruesos, sino también de los políticos más decididos. El nuevo gobierno de Andalucía, conformado por Partido Popular y Ciudadanos, ha empezado a desmontar los numerosos entes públicos creados por el PSOE en sus casi cuarenta años de gobierno. Para ello ha encargado una auditoría que sirva de guía en la demolición de esa amplia constelación de entidades, consorcios, oficinas, agencias e institutos inventados por la Junta, que ocupan a cerca de 25.000 trabajadores y que supone para el erario público unos 6.000 millones de euros, lo que traducido a términos sensibles viene a significar que a usted que me está leyendo ahora la broma le cuesta casi 700 euros al año. Y suscribo eso mismo que está pensando: ya está bien de cachondeo. Poner Andalucía a funcionar de verdad y acabar con esa imagen de una Junta convertida en agencia de colocación de inutilidades retribuidas es un buen argumento para pensar que hoy puede ser, por fin, un buen día para Andalucía.
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