La última frontera

El juicio a los responsables de violentar las leyes en Cataluña ha situado a jueces y fiscales en el foco y en el centro de la pugna política. No parece esta exposición mediática de los representantes del poder judicial la situación más adecuada para una función pública que hace de la imparcialidad y la ponderación su razón de ser. Era de esperar que los implicados directamente en los hechos delictivos, y su entorno político, intentaran desacreditar unas sentencias que no les han sido favorables. La estrategia básica de su defensa ha sido poner en entredicho la separación de poderes del estado y la calidad de la democracia en nuestro país, relacionando las decisiones judiciales con directrices políticas desde el gobierno. Otras estrategias paralelas han sido el intento de internacionalización del conflicto, la búsqueda de apoyo de otros movimientos políticos secesionistas y antieuropeos o la apelación a instancias judiciales europeas, que los secesionistas han intentado presentar como de mayor fiabilidad y pureza democrática que la española. 

Esto era previsible y acorde a la naturaleza rupturista de los condenados por sedición y malversación. Lo que resulta muy preocupante, en esta tesitura de ataque frontal al estado por parte de los independentistas, es que algunos partidos políticos, por una cuestión de mero tacticismo, se puedan alinear con una estrategia de descrédito de las resoluciones judiciales y, en última instancia, de acoso a nuestro modelo político y social.

Hay quien prefiere que la actividad judicial se mantenga en un plano discreto. En la Sociedad de la Información esto no es posible. Se divulgan constantemente imágenes y datos personales. De ahí que las presiones se incrementen sobre jueces y fiscales. Por ello, es aún más elogiable una actuación imparcial del poder judicial que se atenga de la forma más escrupulosa posible a los dictados de las leyes y a los intereses generales. El poder ejecutivo debe evitar inmiscuirse en la actividad judicial y ser  respetuoso con sus decisiones, pues debe dar ejemplo a la sociedad en su conjunto y ser garante de la separación de poderes que consagra nuestra Constitución. 

El poder judicial no está exento de crítica, como cualquier actividad humana, pero debemos ser conscientes de los intereses espurios que pudiera haber detrás de los intentos de desacreditar las resoluciones o de socavar el prestigio de una instancia judicial determinada. Preservar el Estado de Derecho es preservar la democracia. Intentar minar la legitimidad de los órganos judiciales, por intereses partidistas o de ambición personal, solo puede llevar al descrédito del sistema. Esto nos puede hacer pensar que quien utiliza estas artimañas puede tener como último objetivo, precisamente, el deterioro de nuestro modelo político. La última frontera de la preservación de las libertades públicas son las instancias judiciales independientes del poder político. La última frontera de la democracia es el Estado de Derecho.