La coherencia de los políticos y el extraño caso del cortijo de los Genoveses

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar es un singular espacio litoral que, además de albergar valiosos recursos naturales, biológicos y geológicos, nos brinda un espectacular paisaje. Este último es, sin duda, su principal activo y a la vez el más arduo de proteger, porque el paisaje es dinámico y fiel reflejo de los avatares de la acción humana. 

Los almerienses amamos “nuestro” Parque, y los políticos tenemos la obligación de desarrollar políticas públicas que nos permitan, simultáneamente, disfrutar de él y mantener intacta su riqueza para las próximas gene-raciones . Hace unas semanas surgió una polémica por la tramitación de un proyecto para la rehabilitación del Cortijo Las Chiqueras, actuación que, por cier-to, llegó a las dependencias de Medio Ambiente hace ya cuatro años, en 2016, y que a lo largo de todo este tiempo ha sumado ya varios informes previos de otros departamentos autonómicos, la inmensa mayoría durante la gestión del anterior gobierno de la Junta.

Tras el análisis técnico del proyecto, la rehabilitación inicialmente pro-puesta por el promotor ha sufrido sustanciales modificaciones dirigidas a in-crementar las restricciones medioambientales y eliminar elementos de nueva construcción, como dos nuevas zonas de aparcamientos.

Esta cortijada, situada a más de un kilómetro de distancia de la costa, es uno más de los proyectos de rehabilitación de viejos cortijos que se han tramitado por la Delegación desde hace décadas. Proyectos que han contado con informes favorables y la rúbrica beneplácito de anteriores gobiernos socialistas. Incluso sabemos que esas reformas, que incluyeron ampliaciones, fueron subvencionadas por la propia Junta de Andalucía.

La propia normativa del parque, que data de 1994, ha pretendido siempre facilitar la implantación de establecimientos rurales, aunque con la restricción de asentarlos en las edificaciones construidas antes de 1988, año de la declaración del parque natural. 

La última revisión de esta veterana norma se produjo en 2008 y fue aprobada mediante un decreto del entonces gobierno socialista, que incidía en ese fomento del turismo rural y especificaba las zonas en las que podían asentarse, su tamaño y la tipología constructiva. 

Por todo ello, que hoy políticos del PSOE sostengan que los establecimientos hoteleros solo deben ubicarse en los núcleos urbanos del parque, tan solo puede responder a una impostura falsa e insultante. Para entender-nos, primero crean la norma y luego, tras su descabalgada institucional, re-niegan de ella olvidando la decena de establecimientos hoteleros que ellos mismos autorizaron en su andadura por el parque natural. Sin duda, puro oportunismo político de un Partido Socialista cada vez más desdibujado.

Los mismos que en su día permitieron que se enladrillase Cabo de Gata con un macrohotel, el Algarrobico, buscan ahora una comparación que so-lo se sustenta en mentiras y bulos. Si el Partido Socialista tuvo tiempo para paralizar la construcción del Algarrobico, y no lo hicieron, cualquier posición que mantengan ahora a este respecto carece de credibilidad alguna.

Ahora es el momento de presentar las oportunas alegaciones a un proyecto cuya tramitación sigue viva. Unas alegaciones que serán consideradas, como han sido las presentadas con anterioridad y que han tenido como res-puesta la modificación del proyecto inicial para reforzar las restricciones me-dioambientales.

Cada alegación será la muestra del interés que evidencian por la conservación del espacio protegido. Un objetivo, el de la protección del parque con un desarrollo medioambientalmente sostenible, compartido por el Partido Popular de Almería.