Lo que la ley dice sobre el Barrio Alto

Según la última noticia que se ha publicado sobre las obras en el Barrio Alto, la concejala de Urbanismo dijo que sólo le faltan al Ayuntamiento un par de inmuebles (de los 106 afectados) para iniciar la reurbanización de una zona pequeña, pero entrañable para mí, porque en ella nací y en ella he vivido hasta que he sido expulsada de mi casa. En la misma noticia dice también que el Ayuntamiento va a invertir tres millones de euros para recuperar urbanísticamente el barrio y que “la solución se ha abordado desde el consenso y la unanimidad que ha presidido todo el proceso”. Lamento no estar de acuerdo con estas afirmaciones, y voy a explicar por qué. 

La recuperación de mi barrio es algo de lo que he oído hablar desde que tengo uso de razón, y parece que antes de que yo naciera habían fracasado ya varios intentos. La EDUSI 2020 consiguió que la Unión Europea aporte más de dos millones de euros para acometer la reforma, pero la alegría inicial que nos produjo esa noticia se convirtió rápidamente en decepción, porque sólo se van a remodelar las calles Verbena, Olmo y Martínez, una pequeña parte del barrio. El resto tendrá que seguir esperando con su degradación y sus muchas carencias y deficiencias.

La siguiente decepción se produjo al ir viendo que las cosas se hacían sin contar con los vecinos. Ni siquiera con la Asociación del Centimillo, que lleva 40 años luchando por la reforma del barrio. Se nos han impuesto una serie de condiciones con la cantinela de que “eso es lo que dice la ley”. Nunca se ha planteado abrir una oficina de gestión del barrio como el pleno municipal había acordado por unanimidad hasta tres veces en los últimos quince años. Por lo tanto, la información nos ha llegado por correo y sin explicaciones, con un lenguaje jurídico difícil de entender para casi todos los afectados, que fuimos viendo que nos expropiaban nuestras casas a un precio que no nos iba a permitir comprar otra. Un expolio de hecho, que nos condenaba a terminar en la calle. 

En la Gerencia de Urbanismo siempre nos han dado el mismo argumento: “eso es lo que dice la ley”. Mientras tanto nosotros hemos ido viviendo con angustia el avance del expolio, rodeados de montones de escombros que crecían a medida que el Ayuntamiento iba consiguiendo las llaves de los inmuebles. En condiciones higiénicas y de seguridad cada vez peores. Los recursos que presentamos no fueron admitidos por estar fuera de plazo, por lo que no se han tenido en cuenta nuestros argumentos: en efecto, eso es lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo. Y las tasaciones hechas son las que dice la Ley de Expropiación Forzosa (de 1954) y la Ley del Suelo. Ciertamente todo se ha ido exponiendo al público, como dice la ley, eso sí en los plazos mínimos que exige, teniendo que ir a ver los voluminosos expedientes y recurrir a expertos que nos explicaran su contenido, porque los funcionarios se limitan a decir que “eso es lo que dice la ley”.

La ley debe decir por ejemplo que a mi abuela, que tiene 85 años y lleva 40 viviendo en una casa de 96 m2 (y pagando el IBI correspondiente) se le puede expropiar su propiedad por 14.855 €. Y que a mis padres que llevan 35 años viviendo en una casa de 120 m2 con un solar anexo de 54 m2, solo se les puede dar 14.055 € porque los otros míseros 31.538 € en los que están tasados sus bienes corresponden a elementos que no están inscritos a su nombre. A pesar de que el Ayuntamiento les ha cobrado el IBI por ellos año tras año, domiciliándolo en su cuenta corriente.

No es verdad por lo tanto que haya consenso y unanimidad en lo que se ha hecho. Por el contrario el descontento está muy generalizado, aunque solo unos pocos se han atrevido a plantar cara al Ayuntamiento: hay un recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pendiente de sentencia, que afecta a otros cinco inmuebles. Por lo tanto tampoco es cierto que falten dos inmuebles, sino que faltan por lo menos siete. 

Además, alguien ha interpuesto una denuncia ante la Dirección General de Fondos FEDER de la Unión Europea por cómo se están haciendo las cosas, y hay algunos vecinos más dispuestos a recurrir al mismo organismo para defender sus derechos. Tampoco es cierto que el Ayuntamiento vaya a invertir tres millones en el barrio. Lo que tiene planteado es una operación inmobiliaria con el suelo expropiado y con los 2.112.000 € que aporta la Unión Europea. Siempre que esta acepte que las cosas se están haciendo de acuerdo con “lo que dice la ley” y no nos retire la subvención.