El Gobierno, no creo que contagiado por el ambiente de Eurocopa, ha decidido con la complicidad de los agentes sociales darle una patada al balón de la reforma de las pensiones. Sánchez, con estos retoques claramente insuficientes, quiere congraciarse con los actuales pensionistas y olvidarse de las próximas generaciones de jubilados. La subida será el IPC de los últimos 12 meses, lo que elevará el déficit entre 3 y 5 puntos de PIB, y si éste fuera negativo no subirlas, pero tampoco bajarlas.
La mini reforma, que probablemente aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes, ha dejado para más adelante los aspectos más “arriesgados”, pero también más necesarios para hacer sostenible el sistema a largo plazo. La Seguridad Social cerró el año 2020 con un déficit de 40.000 millones de euros y arrastra una deuda monumental. Se nos quiere vender que como el Estado está detrás no pasa nada. Sin embargo, las pensiones se sostienen con cotizaciones y no es una buena política hacerse trampas en el solitario. No se toca al alza la edad de jubilación, se acaba con el factor de sostenibilidad, que tiene en cuenta la esperanza de vida, ni los años para el cálculo de la pensión. Además, se retrasa la entrada en vigor de la penalización de las prejubilaciones y es una auténtica broma el incentivo previsto para quien decida seguir trabajando más allá de la edad de jubilación. Por cierto, tampoco prevé más beneficios que los actuales, que son de risa, si se compagina trabajo y pensión.
El Gobierno y los agentes sociales han decidido hacer oídos sordos a todos y cada uno de los informes que desde hace años vienen haciendo distintos servicios de estudios u organismos sobre lo que habría que hacer con el sistema de pensiones claramente deficitario y generoso en comparación con otros países europeos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la tasa de sustitución, el porcentaje de pensión que te queda con relación al último salario, en España está en torno al 80% mientras que en la mayoría de nuestros socios baja hasta situarse alrededor del 50%.
Esta reforma en dos fases, dejando para más adelante lo mollar, que es precisamente lo que garantizaría la sostenibilidad del sistema a largo plazo, es la principal queja de los expertos. Veremos qué piensan en Bruselas y todos y cada uno de nuestros socios a la hora de aprobar los fondos europeos. La reforma de las pensiones es una de las exigencias que además debe adoptarse por consenso, pero no sólo del Gobierno con los agentes sociales, sino de todos los partidos, como forma de garantizar que un cambio de gobierno no se lleve por delante lo acordado y aprobado ahora.
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