Desde que en España, recién recuperada la democracia, importamos la figura del "Ombudsman" sueco como mediador entre el ciudadano y el Estado para resolver casos de abuso, hemos acabado haciendo de nuestra capa un sayo o, por hacer más doméstica la metáfora, como si nos hubiéramos empeñado en montar los muebles de Ikea tirando antes las instrucciones, logrando así un mamotreto considerable.
Y así vamos, con un Defensor del Pueblo en cada comunidad autónoma, (Defensor do Pobo en Galicia, Ararteko en el País Vasco, Procurador General en Asturias, Sindic de Greuges en Cataluña, Justicia de Aragón, etcétera) no descartándose que a este paso la nómina de consultores se extienda a cada villorrio o pedanía que tenga ganas de grandeza.
Y claro, con tanto Defensor es normal que alguno diga alguna vez algo indefendible. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, acaba de decir que los asaltos a supermercados de la banda de pillaliebres del tal Sánchez Gordillo "son acciones que están dentro de la lucha de un sindicato, que te gustarán más o menos, pero que tampoco es para reprobarlo." Bueno, pues ya sabemos que el señor Chamizo defiende a los saltavallas. ¿Y a los tenderos? ¿Quién los defiende, don José? ¿No son ciudadanos de pleno derecho? ¿O es que no es un abuso reprobable entrar en una tienda y arramblar con todo lo que se quiera? El señor Chamizo está en su derecho de pensar que robar en una tienda no es reprobable, pero supongo que tampoco verá reprobable que alguien piense que para decir majaderías así el Pueblo no necesite defensores.
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