¿Ejecuciones o suicidios?

Los sucesos describen a una sociedad, pero los suicidios, la califican. Estos que menudean dramáticamente en los últimos meses, relacionados con la miseria sobrevenida, describen y califican mejor la situación del país que cualquier debate parlamentario sobre el estado de la nación. Describen una sociedad maltratada, estafada, expoliada, desamparada, entristecida, despreciada y abandonada a su suerte. Califican al aparato político que provoca o consiente semejante monstruosidad con epítetos tan acusatorios y tan duros que, pese a su incontestable verdad, el autor de esta columna se resiste, de momento, a reproducir.

Menudean, en efecto, los suicidios a causa de la depravación bancaria, de su codicia y su rapacidad sin límites, esos límites que el poder político, el Estado, debe poner para que la convivencia no se rija por la ley de la selva, y que no se ponen. Pero, ¿se trata, en puridad, de suicidas? ¿O alguien les quitó la vida antes de que ellos físicamente se la quitaran? A los lanzamientos de desahucio se les denomina "ejecuciones" hipotecarias, y no es casual: en muchos casos, la única vida que le queda a quien ha perdido el trabajo, la esperanza de conseguirlo, los ingresos mínimos para procurar el sustento de la familia, es la casa, esas cuatro paredes que delimitan y protegen el lugar que se ocupa en el mundo, de suerte que su despojo equivale, ciertamente, a una ejecución. Y sumaria, a juzgar por el colosal número de las que se dictan.

Se encocoran defensores y partidarios del actual estado de la nación, cuando se relacionan los suicidios (un 25 por ciento más que en años pasados, uno de cada tres por causa directa de la "crisis") con las políticas antisociales del Gobierno, que se ensañan particularmente con los más vulnerables. Los hay, incluso, que ven en esos suicidios la consecuencia lógica, el castigo, por haber pretendido vivir "por encima de sus posibilidades", como si la posesión de una vivienda estuviera vedada, por definición, a los españoles que no roban, que no estafan, que no prevarican, que no se corrompen o que no defraudan a Hacienda. Sin embargo, desde los despachos también se mata, con la tinta fría de la rúbrica de los decretos también se quita la vida a las personas. Aunque éstas sean las que se rocíen de gasolina, se cuelguen de una viga o se precipiten al vacío.