Que no nos desunan, distancien y enfrenten

Después de treinta y cinco años con nuestra Constitución, ha sido la única Carta Magna donde ha habido conceso por parte de la mayoría de fuerzas políticas. Esto no se ha valorado lo suficiente por nuestros políticos y por la ciudadanía. Si queremos que nuestra España avance y esté unida, tenemos que modificar muchas leyes orgánicas, sin que se modifique nuestra Constitución. Hay muchos políticos empeñados en cambiarla, pero no sé con qué motivo, pues verdaderamente fue y debería ser la Constitución del consenso y de la unión de todos los españoles.

Su título preliminar proclama un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Asimismo, se afianza el principio de popular, y se establece la monarquía parlamentaria como forma de gobierno.

El poder judicial recae en los jueces y en el Consejo General del Poder Judicial como su máximo órgano de gobierno. El Tribunal Constitucional controla que las leyes y las actuaciones de la administración pública se ajusten a la Carta Magna. Siempre he sido consecuente, de que en un estado democrático la justicia debe ser independiente del poder ejecutivo y legislativo. Y todos iguales ante la ley, nada de aforamientos. La justicia nunca debe estar politizada, no puede estar al servicio del gobierno de turno, como nos ocurre en nuestro país. Levanto mi voz para que en este país haya jueces honestos, honrados, valientes e independientes que hagan cumplir las leyes. 

La Constitución establece una organización territorial basada en la autonomía de municipios, provincias y comunidades autónomas, rigiendo entre ellos el principio de solidaridad. En relación a nuestras autonomías la gente desconoce, dentro de sus mismas autonomías la cantidad de beneficios y competencias que tienen. Los ciudadanos ignoran que nuestro funcionamiento autonómico tiene más privilegios que los Estados federales de cualquier punto del mundo. Un ejemplo de ello es que el Estado de California tiene muchas menos competencias y autonomía que la Comunidad catalana. En el título VIII de nuestra Constitución del año 1978 los artículos 137, 138,139 dice y deja muy claro que todas las entidades: municipios, provincias y comunidades autónomas gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de territorio del Estado. 

No renunciemos a unas normas que costó tanto aceptar entre todos, para que ahora algunos aporten otras, para provecho de ellos, que nos desunen, nos distancien y nos enfrenten. Espero y deseo que todos nuestros intelectuales, gente de bien y los políticos honestos, regeneren la democracia y podamos seguir utilizando nuestra Constitución. Esta nos vale aún, para muchos años.