Históricamente en Almería, aunque allá por el final del Medievo parece que la capital contaba con una cúpula natural forestal que favorecía una pluviosidad mejor que la actual, se hace necesario almacenar agua en aljibes para abastecer de agua a la ciudad. Así, el agua ha sido motivo de disputa y desigualdad desde la conquista católica de la ciudad pues, tras haber sido declarados los aljibes bien de aprovechamiento público, se disputan incluso su administración el concejo y el cabildo de la catedral. La mayor parte de la población bebía de fuentes habilitadas y lavaba la ropa en la pililla. Por otro lado, sólo personas de mayor consideración de la sociedad almeriense, privilegiados de la época, contaban con un caño de agua conducido por una acequia secundaria hasta sus casas.
El alto desempleo está llevando a muchas familias almerienses al impago de impuestos o de servicios básicos como sus recibos de agua. A numerosas familias de distintos barrios, como La Chanca, se les ha cortado el suministro; almerienses que ven cómo Aqualia les corta el servicio y, en el mejor de los casos, reciben amparo de sus vecinos, de ONGs o de la parroquia. Me parece impresentable que desde el Ayuntamiento, la administración más cercana a las personas, a sus necesidades e inquietudes, no palien estas situaciones. Es de ley que se estudien y se pongan en marcha exenciones y bonificaciones en la facturación de usuarios que estén por debajo de cierto umbral de ingresos, así como un protocolo que evite cortar el suministro a quienes pasan por un momento de dificultad económica. El alcalde de la ciudad debe comprometerse con quienes lo necesitan de verdad y, si tiene que sentarse con Aqualia para modificar el contrato, que lo haga, porque no es de recibo que volvamos al siglo XV en que los almerienses más desfavorecidos vuelvan a lavar en la pililla.
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