Almería S.L.

Tarde o temprano conoceremos la verdad que se esconde tras el acuerdo económico y urbanístico que ha permitido a un particular embolsarse más de dos millones y medio de euros -en dinero y en locales municipales- por vender al Ayuntamiento el viejo edificio del sanatorio Virgen del Mar. La operación ha sido un rotundo éxito para el propietario, a quien nada tenemos que objetar. Sin embargo, en lo que respecta al Ayuntamiento, todo son inconvenientes, pues, sin duda, tendrá que explicar ante el juez el porqué de las carambolas administrativas que se aprecian en dicha operación.

Para empezar, la compra se realizó sin concurso público y, para seguir, se hizo mediante encomienda a una empresa municipal no sujeta a los controles de fiscalización del ayuntamiento porque, claro, después de doce años prometiendo una biblioteca en el centro de la ciudad, de pronto al alcalde le entraron las prisas.

Con ser extraño, aún puede serlo más, porque, después de forzar esta operación con objeto de dotar a la ciudad urgentemente de una biblioteca, ahora que el edificio ya es de propiedad municipal, el alcalde ha cambiado de idea. Ha pensado que el entresuelo servirá mejor para albergar el Área de Recaudación y las cuatro plantas restantes -cuatro-, destinarlas como sede de organizaciones no gubernamentales. Felices de saber que las asociaciones sin ánimo de lucro de Almería dispondrán de un espacio privilegiado para desarrollar su labor, no salimos de nuestro asombro cuando calibramos el capital gastado en este edificio, sobre todo, teniendo en cuenta que dos manzanas más arriba, se encuentra cerrado el antiguo edificio de Correos, que bien podría haber albergado esa gran biblioteca central que los almerienses venimos demandando desde hace años o dar cobijo a las ONG, como ahora propugna el alcalde, totalmente gratis. Pero no, el Ayuntamiento ha recalificado el suelo del edificio de Correos y, tras su derribo se construirán pisos y locales comerciales, como si no hubiera allí bastantes.

Todo parece indicar que no es la economía de medios ni son los intereses generales los que están moviendo al alcalde y a su equipo de gobierno en asuntos patrimoniales como el del viejo sanatorio. Nosotros proponemos que, a la espera de que la justicia determine la legalidad de esta operación, el Ayuntamiento podría trasladar allí la Gerencia de Urbanismo, lo que permitiría ahorrar a las arcas municipales los más de 300.000 euros anuales que cuesta el alquiler de las oficinas que ocupa dicho organismo desde hace años en la Rambla García Lorca. El coste de este alquiler acumula ya más de tres millones de euros y acaba de ser renovado hasta 2015.

Algo parecido sucede con el solar que posee el Ayuntamiento en la calle Arráez, que en lugar de haberse utilizado para ampliar las dependencias de Recaudación, anexas a dicho espacio, el PP ha encargado a la empresa Almería XXI la construcción de viviendas. Claro, que Recaudación ya tiene su entresuelo en el Virgen del Mar. Los funcionarios, mejor separados que juntos, han debido pensar.

Otra pieza de este puzle de convenios urbanísticos del PP lo encontramos en la Plaza Marín, donde el alcalde sigue empeñado en construir un nuevo edificio mediante concesión administrativa, cuando sólo los más de 3 millones de euros pagados por el arrendamiento de Urbanismo en la avenida García Lorca, hubieran sido suficientes para promover una nueva sede municipal que albergara servicios como Recursos Humanos o Atención Social, desplazados a la avenida Mediterráneo.

No entendemos cuál es la lógica de estos manejos urbanísticos, si obedece al capricho de un alcalde aburrido de su cargo o, por el contrario, oculta una estrategia  económica de gran calado, pues no olvidemos que todo comenzó por crear una biblioteca que, finalmente se ubicará en el antiguo cuartel de la policía local, un inmueble propiedad del Ayuntamiento que ha sido objeto de proyectos urbanísticos frustrados que afectaban a toda la manzana del 18 de julio, y que languidece ante la desidia municipal.

La verdad de este galimatías, en el que se mezclan intereses particulares con los generales aún está por descubrir, pero no seremos nosotros los que digamos la última palabra, sino los tribunales de justicia. No desesperemos.