En estos días de animado debate sobre la fórmula jurídica que deben adoptar las llamadas candidaturas ciudadanas es necesario recalcar uno de los principales efectos que tendrá la elección de alguna de las tres formas legales posibles: el cambio de gobierno de nuestra Diputación Provincial. Esto es así por el peculiar, y polémico, sistema de elección de los cargos que forman la Corporación provincial: un sistema indirecto que elige sus diputados entre los concejales electos de los distintos partidos judiciales. Así cuando votamos en las municipales, votamos para dar forma a dos gobiernos: el local de nuestro Ayuntamiento y el provincial de la Diputación.
Antes que nada, recordar que es cada vez mayoritaria la opinión de que las Diputaciones deben desaparecer En esta línea está Izquierda Unida, que apuesta por la libre agrupación comarcal de los Ayuntamientos, reforzando la identidad histórica y cultural del interior de nuestra provincia.
Estas dos cuestiones, que deben ser abordadas y reformadas cuanto antes, son hoy, mal que nos pese, dos realidades que nos encontraremos el próximo 24 de mayo cuando nos toque escoger la papeleta y votar a alguna de las candidaturas que se presenten.
Además de la opciones ideológicas, de programa o de confianza que utilizamos a la hora de decidir nuestro voto, esta vez tocará valorar a las candidaturas según la fórmula jurídica en la que se presenten. No es una cuestión menor, ya que una de ellas, hoy muy en boga, no permitirá sumar el voto para lograr el cambio en el gobierno de la Diputación: hablo de la Agrupación de electores.
En efecto, en su artículo 205, la Ley Electoral considera de forma independiente a cada una de las agrupaciones de electores, en cada partido judicial, por lo que no es posible agrupar los votos obtenidos por aquellas que hubieran presentado candidaturas en otros municipios del mismo partido judicial, a los efectos de la elección de diputados provinciales, y con ello las mayorías que pueden formar gobierno. Las diputaciones provinciales hoy por hoy son las administraciones encargadas de dar asistencia a los municipios menores, la gran mayoría del interior de nuestra provincia, duramente castigados también por el paro pero a lo que se suman el envejecimiento de la población, el despoblamiento y el alto coste de sus servicios e infraestructuras, debido a su situación remota. Es necesario que la Diputación de Almería vuelva a contar con un gobierno que ponga en primer lugar a las personas y no a las cifras. Sé que esto puede sonar lejano a muchos vecinos que viven en las grandes ciudades pero apelo a su solidaridad y compromiso para con los demás, que viven en los pueblos que dan vida al interior de nuestra tierra. También, y no hay que olvidarlo para finalizar, planea la sombra de la intervención de la autonomía local por parte de las diputaciones, amparadas por las nefastas leyes de Estabilidad presupuestaria y la de la Reforma Local, que permitirían a la administración provincial quitar competencias a los ayuntamientos y privatizar servicios a gran escala. Un gobierno nítidamente de izquierda en la Diputación es el mejor antídoto ante esto.
Por todo esto, apuesto y apostamos desde IU, por conformar candidaturas ciudadanas que escojan la fórmula jurídica de coalición electoral y no agrupación de electores. Unas coaliciones que no serán sumas de siglas, sino que se asentarán sobre las decisiones libres y soberanas de asambleas de vecinos y vecinas, con sus programas, códigos éticos y sistemas de elección por primarias abiertas que permitan la máxima participación, pero también el máximo control posterior a las personas que resulten elegidas.
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