España, Cataluña y Andalucía: Del 20 D al 27 S pasando por el 28 F

La España constitucional se enfrenta al mayor desafío desde el 23F. Rajoy no ha caído en la tentanción del pecado de la soberbia y ha convocado a to

Pedro Manuel de La Cruz
01:00 • 01 nov. 2015

En la mañana de aquel día cercano a los idus de marzo de 2006 en el que la conspiración se percibía en la soledad desconcertante de la planta séptima de Génova 13, le pregunté a un Rajoy más cercano a la confidencia que nunca qué hubiera pasado si, en la mañana del 11 M, la soberbia de Aznar no lo hubiera abocado miserablemente a rentabilizar en beneficio propio a las victimas de aquella masacre y hubiese convocado a todos los líderes políticos para, juntos y de acuerdo, haber mostrado un frente común contra la barbarie.  ¿“Me preguntas que, si hubiera sido esa actitud la actitud de Aznar, yo estaría ahora sentado en La Moncloa y no en este despacho? Hay preguntas que nunca se deben hacer porque nunca se pueden contestar con sinceridad”. Fin de la cita.
Diez años después de aquella conversación he vuelto a ella porque en estos días en los que la  España constitucional se enfrenta al mayor desafío desde el 23 F, Rajoy no ha caído en la  tentación del pecado de soberbia, tan cercano al peor Aznar, y ha convocado a todos los líderes nacionales para intentar diseñar una estrategia común frente a la quimera secesionista de Más y quienes le acompañan en esa aventura similar al viaje equinoccial de Lope de Aguirre en busca de El Dorado.
Después de cuatro años de inactividad, el gobierno y su presidente- y otros gobiernos antes y otros presidentes- se han dado cuenta, por fin, de que el problema catalán no era la ensoñación romántica de una noche de verano que se diluiría cuando, con los primeros rayos de sol, aparecieran los abogados del Estado. 
La sentimentalidad del independentismo no es una brisa a la que se puede vencer solo con la fuerza de la legalidad; es un huracán construido desde las instituciones con paciente inteligencia durante años en las escuelas, en los medios de comunicación, en las organizaciones y los colectivos sociales y al que el Estado no ha sabido enfrentarse porque no ha querido hacerlo y al que, ahora, hay que hacer frente desde la Ley, sí, pero también desde la Política.
Esta es la realidad y llegar hasta aquí nos ha costado tantos años, estando tan cerca de ella, que tanta tardanza solo puede entenderse desde la incapacidad de quienes nos gobiernan y nos han gobernado. 
Zapatero alentó desde su insoportable levedad un reformismo estatutario que nadie, sólo su delirio de snob happy pandi, demandaba. Rajoy y los halcones del PP vieron en la exhibición por todas las plazas del patriotismo de hojalata “abajo firmante” contra el Estatut la mejor coartada para ganar un puñado de votos en el resto de España. De los truenos del desinterés por la estrategia nacionalista, de la irresponsabilidad intelectualmente estúpida del zapaterismo y del electoralismo cortoplacista del PP viene la tormenta que ahora nos sobrecoge y de la que nadie sabe cómo salir. Ni los independistas que la han provocado, ni los unionistas que intentan sofocarla.
Mas ha enloquecido y, en su delirio, esta semana ya ha sentido entre los miembros de su Govern la frialdad del espanto con que algunos de los consejeros han contemplado su deriva de sometimiento a los antisistema de la CUP para continuar siendo president. La nulidad estrepitosa de su gestión y la amenaza judicial por corrupción que le acompaña y acompaña a sus mentores políticos intenta esconderla, como hacen todos los cobardes, bajo la bandera, sin importarle el perjuicio que está causando y va a causar provocando una fractura social en Cataluña de consecuencias impredecibles. 
En la trinchera de enfrente Rajoy ha dado pruebas, por primera vez, de estar dispuesto a enfrentarse al problema desde la estrategia de Estado y no desde el tactismo de partido obsesionado en ganar las próximas elecciones y no de garantizar el futuro de las próximas generaciones. Después de décadas de retraso interesado- del Rey abajo, todos- los grupos políticos constitucionalistas han dado el primer paso conjunto; ya veremos cuánto dura y, sobre todo, que condiciones aceptan unos y otros para evitar el choque de trenes.
Desde Andalucía el desenlace hay que esperarlo en una posición sosegada de alerta. Si el choque de trenes se evita, los diputados andaluces que salgan elegidos el 20 D no debían de transigir con el acuerdo de un trato preferencial para Cataluña en aspectos que atañan a la igualdad fiscal o a beneficios especiales.
Aquí hicimos un 28 F contra la discriminación estatutaria. Por cierto, en unas condiciones- mayoría de votos sobre el censo, no sobre voto escrutado, y en todas y cada una de las ocho provincias (con decenas de miles de muertos incluidos, caso de Almería)- que nunca más han vuelto a exigirse para cualquier otra consulta estatutaria o electoral. Cataluña puede exhibir una legitimidad histórica, más o menos discutible. Los andaluces tenemos la legitimidad de los votos. 
Nada más. Pero también nada menos. 


 







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