La Junta y Feral acuerdan solucionar el corte de agua en el Bajo Andarax

La resolución de la Consejería de Medio Ambiente que prohíbe la reutilización de aguas depuradas de la zona ha precipitado las reacciones de los regantes almerienses, agrupados en torno a Feral, para exigir caminos alternativos al agua que dejarán de recibir casi 3.000 hectáreas de invernadero debido a esta medida. 

En concreto, los regantes afectados van a solicitar a la Junta de Andalucía autorización oficial para el uso de agua procedente de la desaladora de Carboneras y de la desaladora de la capital almeriense. Además, se solicitará autorización de uso de aguas procedentes de todos los pozos legales ubicados en la comarca del Bajo Andarax, que estén localizados dentro del perímetro de riego de la Comunidad General de Aguas de Almería (CGUAL). 

FERAL agradece la sensibilidad mostrada por la delegada del Gobierno, que ha impulsado la búsqueda de soluciones alternativas a través de la posibilidad de utilizar otros recursos hídricos distintos a las aguas regeneradas, que son actualmente el único recurso para regar en las más de 3.000 hectáreas afectadas por el corte de agua ordenado por la Consejería de Medio Ambiente. 

“La reunión ha sido muy positiva y hemos conseguido identificar puntos de encuentro”, asegura el presidente de FERAL, quien añade que “ahora confiamos en que la Junta haga su parte del trabajo y facilite las gestiones oportunas para que otros aportes de agua lleguen a la zona afectada lo antes posible”, según José Antonio Fernández. Por el momento, el corte de agua sigue en vigor y las fincas no pueden regar. 

Los hechos se remontan a hace 26 años, cuando la Junta de Andalucía inauguró la planta de ozono y desinfección que en un primer momento fue gestionada por la comunidad de regantes Cuatro Vegas, para después pasar en julio de 2015 a manos de CGUAL, la comunidad general de usuarios que representa legalmente a todos los regantes de la comarca. 

En todo este intervalo de tiempo, la Junta de Andalucía ha sido la que ha concedido la explotación temporal de estas aguas reutilizadas a los regantes, sin que se haya dado luz verde al expediente de concesión definitiva iniciado en 1991. 

La medida tomada por la Junta viene precipitada tanto por los retrasos en la concesión como por las tensas relaciones, ahora en los juzgados, que mantienen el Sindicato de Riegos y Cuatro Vegas. "Las plantas no entienden de decisiones políticas, necesitan ser regadas para vivir", declara Jose Antonio Fernández, presidente de Feral, que asegura que "el Gobierno andaluz debe cumplir su responsabilidad institucional de proteger los intereses del sector agroalimentario almeriense y garantizar el riego, venga de donde venga".