La muerte de una anciana esta semana en Cataluña a causa del incendio de su vivienda provocado por una vela con la que se alumbraba al tener la luz cortada desde hacía dos meses, ha puesto sobre la mesa la pobreza y desamparo en el que viven muchas personas y el fracaso de la sociedad en general y de las administraciones en particular ante ella. Sin embargo, existen mecanismos para evitar que una familia o una persona se quede sin los suministros básicos como el agua y la luz por no tener cómo pagarlos. Pero para ello, la maquinaria debe estar bien engrasada y que todos pongan de su parte.
Actualmente, a este tipo de emergencias se hace frente a través de los programas de los propios ayuntamientos, mediante las ayudas de la Junta de Andalucía para suministros básicos vitales y, desde el pasado mes de abril con el convenio firmado entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y las eléctricas
Seis de 103
De los 103 municipios que hay en la provincia de Almería, solo seis tienen firmados acuerdos con Endesa e Iberdrola para evitar el corte del suministro por impago a personas en situación de pobreza y con una economía bajo mínimos o, como se denomina ahora, en riesgo de exclusión social. Mojácar, Pulpí, Viator, Rioja, El Ejido, y Níjar cuentan con una fórmula, bien directamente, bien através de la FAMP, para garantizar que ninguna familia se quede sin luz por no tener recursos para hacer frente al pago de los recibos. De estos seis, cuatro -Rioja, Viator El Ejido y Níjar- se han adherido al convenio firmado el pasado abril entre la FAMP y las dos empresas eléctricas, mientras que Mojácar y Pulpí han alcanzado el acuerdo con Endesa, compañía que también lo ha firmado con la Diputación y Cruz Roja de Almería, según los datos facilitados por las eléctricas y la propia FAMP.
Con este convenio los ayuntamientos tienen un mecanismo que se pone en marcha cuando hay una orden de corte de suministro eléctrico. En ese caso, y si el afectado cumple con los requisitos y tiene el visto bueno de los servicios sociales municipales, el ayuntamiento contacta con la compañía y ejerce de garante frente a la deuda del usuario, evitando que se lleve a cabo el corte de la luz. Si el impago se produce por una situación puntual que atraviese la persona afectada, cuando esta mejore, se hará cargo de la deuda. Si no es así, será el ayuntamiento quien finalmente pague el coste del recibo o recibos impagados.
Como las adhesiones se han realizado hace poco tiempo, a penas se han dado casos en los que hayan tenido que activar el protocolo. Lo que no significa que no atendido las necesidades de algunos vecinos por otras vías de asistencia a emergencias sociales. Así, por ejemplo Mojácar destina 20.000 euros a estos casos y actualmente hay 30 familias que se benefician de la ayuda energética.
Viator cuentas con una partida de 17.500 euros, de los que “afortunadamente solo se han gastado 600”, comentan desde el Consistorio.
Níjar ya ha incluido estos gastos en el presupuesto de 2017 y ha reservado una partida de 30.00 euros, con los que considera que podrá atender a unos 120 casos.
Mientras, El Ejido ha invertido este año cerca de 90.000 euros para cubrir necesidades básicas, a través del Programa de Ayudas Económico-Familiares.
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