La Junta blinda la sanidad pública para librarla de "tentaciones privatizadoras"

Defender “de manera clara y contundente” la universalidad de la sanidad pública, su sostenibilidad y “blindarla” ante las “tentaciones de privatizaciones”. Son los argumentos que esgrime la Junta de Andalucía para defender la futura Ley de Garantías y Sostenibilidad del sistema sanitario público, que estará lista a la vuelta del verano. 

La elaboración de la norma se inició en 2015 y, a lo largo de este tiempo, ha habido nueve foros de diálogo, uno a nivel autonómico y después en cada una de las provincias andaluzas, con las 49 sociedades científicas, asociaciones, pacientes y profesionales que prestan sus servicios en el sistema sanitario público. Los 63 grupos de trabajo que han trabajado en la confección de la nueva norma han contado con la participación de 861 personas. 

El texto desarrolla a lo largo de 37 artículos los principios y elementos esenciales para garantizar la calidad y la perdurabilidad del sistema de salud. Y contempla los cuatro pilares en los que debe sustentarse la sostenibilidad de la sanidad pública. A nivel económico, la ley establece que el presupuesto de la Junta deberá garantizar la financiación necesaria para que el sistema sanitario pueda llevar a cabo las actuaciones encomendadas. Según apuntaron ayer la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Gracia Fernández, y el delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales,

José María Martín, la norma prevé que la administración andaluza deberá destinar el 6,5% de su PIB para salud. “En los últimos años hemos visto clarísimamente el peligro de desmantelamiento del sistema público de salud”, apuntó ayer Fernández, preguntaba por qué se pone en marcha la ley precisamente en este momento, a escasos dos años de una nueva cita electoral. “Ha tardado más en salir por las aportaciones que se han hecho y que se han buscado, pero se trata de un proyecto de legislatura”, añadió Martín.

Líneas en marcha

La nueva norma avanzará en líneas en las que se trabaja desde hace años como son la gestión clínica, las compras homogéneas para todos los centros sanitarios, el uso “racional” de los medicamentos, los procesos asistenciales integrados o la cirugía mayor ambulatoria. Junto a ello, se continuará impulsando la prescripción por principio activo, la selección pública de medicamentos y se establecerán medidas de educación para la salud para evitar el consumo “innecesario” de fármacos. 

El texto también plantea la necesidad de una Estrategia de Gestión del Sistema Sanitario Público, que será aprobada por el Gobierno andaluz para cuatro años y que permitirá fijar las líneas en formación, investigación e innovación y los recursos humanos y materiales que se necesiten. 

En el ámbito del conocimiento y de la I+i, la norma fija que se priorizará el uso de las tecnologías de la comunicación y las comunicaciones “para ayudar a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre su salud”, así como para mejorar la eficiencia en la gestión clínica y facilitar la medición de resultados. Además, existe el compromiso de invertir en investigación para avanzar en biomedicina y ciencias de la salud “y mantener una posición de liderazgo nacional e internacional”. 

Gracia Fernández explicó ayer que la Junta tomó la decisión de blindar la sanidad pública andaluza después de la aprobación del Real Decreto 16/2012, que reformó, a nivel estructural, el sistema nacional de salud. “Se puso fin a principios que creíamos inquebrantables. El modelo de sanidad pública, equitativa y de calidad tiene más vigencia que nunca”, dijo. La ley será pionera a nivel nacional, ya que no existe ninguna de similar naturaleza en el conjunto del Estado. 

“Es necesario abrir un debate nacional y alcanzar un Pacto de Estado que garantice la sostenibilidad de nuestra sanidad y asuma los principios que deben ser irrenunciables: la universalidad, la equidad, la solidaridad, la calidad y la accesibilidad, pero también la financiación pública mediante impuestos generales progresivos, la provisión pública y la cohesión territorial”, aseveró la delegada del Gobierno andaluz, Gracia Fernández.