La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, junto a CC.OO. se han concentrado contra la “precariedad laboral” del Personal de Administración y Servicios de las universidades y en defensa de la incorporación a la vía de la estabilización del colectivo. A la movilización, que está enmarcada dentro de una campaña nacional y que se ha desarrollado en el campus de La Cañada, asistió para mostrar su apoyo el rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez.
El pasado mes de marzo, los sindicatos suscribieron con el Gobierno el “Acuerdo para la Mejora del Empleo Público”, dirigido a la dotación y estabilización de más de 300.000 puestos de trabajo en diversos sectores de la administración, incluidas también las universidades públicas. Dicho acuerdo preveía, adicionalmente a la Oferta de Empleo Público Ordinaria, la convocatoria durante los tres próximos años de plazas de estabilización de hasta un máximo del 90% de aquellas ocupadas de forma temporal e ininterrumpida durante los últimos años.
Excluídas
Las universidades públicas, pese a la elevada precariedad que sufren desde que comenzó la crisis, quedaron inicialmente excluidas de esta posibilidad de estabilización laboral. Frente a ello los sindicatos reclamaron ayer la incorporación del conjunto del personal de las universidades, Personal de Administración y Servicios y Personal Docente e Investigador, a la posibilidad de estabilización del empleo temporal.
Durante la tramitación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de PGE 2017 las centrales sindicales consiguieron que se incluyera en dicha previsión de estabilización al Personal Docente e Investigador, pero nuevamente ha sido postergado y excluido de la estabilización del PAS.
Por todo ello, las centrales sindicales consideran que las universidades constituyen instituciones de servicio público integradas, a cuyas finalidades docentes, investigadoras y de transferencia de conocimiento contribuyen coordinadamente todos los colectivos. Consideran que la exclusión del PAS es “absolutamente irracional e injusta” y debería ser subsanada durante la tramitación y final aprobación del Proyecto de Ley de PGE 2017 por parte del Senado.
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