Unos 21.000 empleados de la Junta trabajarán media hora al día en casa

Unos 21.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía en Almería, entre funcionarios y personal laboral, cambiarán de jornada laboral a partir de mañana miércoles, día 20 de diciembre.

El Consejo de Gobierno autonómico, bajo la presidencia de Susana Díaz, tiene previsto aprobar hoy las medidas que van a permitir acatar en todos los términos la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anula la jornada laboral semanal de 35 horas.

Funcionarios y personal laboral de la Administración general de la Junta, docentes y personal sanitario volverán a tener una jornada de 37,5 horas, pero de éstas 35 serán de presencia física en sus centros de trabajo y el resto, 2,5, serán para formación y preparación de tareas fuera del puesto de trabajo.

La semana pasada, tras conocerse la sentencia del Constitucional, el Gobierno andaluz ya avanzó que estudiaba esa medida y solo estaba pendiente de confirmarse porque había que trasladarla a la Mesa General de Negociación Común.

Esa confirmación se produjo en la mañana de ayer en el transcurso de una reunión de la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, María Jesús Montero, con representantes de diferentes organizaciones sindicales, entre ellas CC OO, UGT y CSIF.

En un posterior comunicado, tras atender a los periodistas, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, defendía que “nadie puede poner ni la más mínima objeción” al acuerdo consensuado con las organizaciones sindicales en el seno de la Mesa General de Negociación Común. “Acatamos la ley y ejercemos nuestra capacidad para organizar la jornada de los empleados públicos de Andalucía”, ha subrayado.

En la misma nota de la Junta se precisa algo más sobre a qué dedicarán los aproximadamente 21.000 empleados públicos de la Junta en Almería esa media hora diaria en sus hogares, de lunes a viernes.

“Las 2,5 horas restantes hasta completar las 37,5 horas del horario semanal se dedicarán a la preparación y organización de las tareas propias del puesto de trabajo, consulta e información de materias relacionadas con el trabajo, así como formación para el perfeccionamiento y desarrollo profesional. Estas horas tendrán la consideración de trabajo efectivo y computarán dentro de la jornada general del trabajo”, se indica textualmente.

Para la consejera, el acuerdo que se oficializa hoy viene a reconocer una “realidad”: los empleados dedican un tiempo semanal a realizar “actividades y tareas complementarias relacionadas con su puesto de trabajo fuera del horario laboral”.

Además, Montero subrayó que esa ‘jornada laboral’ extraordinaria viene recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Y tal como la propia titular de Hacienda y Administración Pública había transmitido el pasado viernes, la Junta mantiene que el acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación Común contempla el compromiso “expreso de no destruir empleo”, de modo que se mantendrá el personal contratado en 2017 con la implantación de las 35 horas..

En el caso de la provincia de Almería se refiere el acuerdo a unos 420 docentes contratados al reducirse en una hora la jornada lectiva de los profesionales en Secundaria y de alrededor de 200 en los centros sanitarios de Primaria y Especializada (enfermeros, médicos, ...)

“En el ámbito sanitario, se mantendrán los turnos aprobados y no se alterarán las retribuciones de jornada complementaria”, anuncian desde el Gobierno andaluz.

Respecto a la jornada laboral en el ámbito educativo, la referencia informativa del acuerdo apunta lo siguiente: “Se reorganizarán las tareas de la jornada lectiva de forma que, manteniendo las 20 horas lectivas, en este curso se considera lectiva una hora de guardia y dos en el curso 2018/2019. Por su parte, el horario de no obligada permanencia pasa de 5 a 7,5 horas, tal y como se aplicó en 2012 con la entrada en vigor de los ajustes del Estado”.

La jornada laboral semanal de 35 horas se puso en marcha en la administración pública andaluza en 1999 y fue suspendida en 2012 con motivo de las medidas contra la crisis adoptadas por el Gobierno central, a los pocos meses de ganar el PP las elecciones generales.