Jueces y fiscales en pie de guerra

Los profesionales salen a la calle por tercera vez en un mes para exigir reformas judiciales

Jueces y fiscales en la Ciudad de la Justicia
Jueces y fiscales en la Ciudad de la Justicia La Voz
Javier Pajarón
21:49 • 03 may. 2018

Jueces y fiscales de la provincia de Almería se concentraron a las puertas de los juzgados este jueves, por tercera vez en un mes, para reivindicar reformas profundas en el sector. Los profesionales cumplen el calendario de protestas marcado por las asociaciones y mantienen el pulso  ante el Gobierno central (algunas peticiones afectan también a la Junta de Andalucía). Sin respuestas para las demandas, jueces y fiscales irán a la huelga el próximo 22 de mayo.




Las cuatro asociaciones de la judicatura y las tres de fiscales solicitan una reforma que garantice la independencia judicial mediante un cambio en el sistema de elección de los vocales del Poder Judicial, “asegurando la igualdad de género y la representatividad”. 



Piden también “un plan de inversión suficiente y prolongado” para mejorar los recursos de los juzgados. Este medida supondría 300 plazas de jueces y fiscales en cada uno de los próximos cuatro años. Las cifras bajarían notablemente la tasa de jueces por habitante para alcanzar la media europea (Almería está muy por encima de este indicador).




Medidas
En tercer lugar, las asociaciones reclaman la convocatoria de la llamada “mesa de retribuciones” con el objetivo de recuperar salarios recortados por la crisis. Representantes del colectivo en Almería afirman que la protesta no tiene un fin económico, aunque recuerdan que el nivel salarial perdido en 2010 no se ha recuperado.



Y, finalmente, los fiscales proponen la retirada de los límites temporales de instrucción mientras no se dote a los profesionales de recursos.




Los paros parciales se producen todos los jueves de 12 a 13 horas. La fecha de la huelga del sector se mantiene a la espera de la evolución de las negociaciones con el Ministerio de Justicia.



No obstante, las relaciones se han enturbiado aún más tras las críticas personales del ministro Rafael Catalá contra el magistrado Ricardo González, autor del voto particular en la sentencia de La Manada (Audiencia Provincial de Navarra).




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