Los profesores interinos, en huelga indefinida a partir del lunes

Los docentes interinos de Almería se sumarán desde el lunes a la huelga indefinida convocada en Andalucía por los sindicatos CGT, Ustea, CNT y Docentes por la Pública, que exigen a la Junta de Andalucía un plan de estabilidad que garantice sus demandas.

Los convocantes aseguran que la huelga pone en peligro las calificaciones finales del alumnado. Los más perjudicados serán los alumnos de 2º de Bachillerato y módulos profesionales, cuyas evaluaciones se celebran a finales de mayo y no pueden posponerse. “Lamentamos la falta de sensibilidad y diálogo de la Junta de Andalucía, que no solo perjudica al profesorado interino, cuyos puestos están  en el aire, sino también a los estudiantes, sobre todo de zonas rurales y con menor desarrollo económico, que es donde se concentran los centros de enseñanza con mayor porcentaje de interinos”.

La Asamblea andaluza de docentes interinos, convocante del paro, denuncia la situación de “desconcierto” que existe ante el “silencio” de la Consejería de Educación, que ha llevado a algunas directivas de centros a dar instrucciones al claustro para poner todas las notas finales antes del 14 de mayo, aun cuando en la mayoría de los cursos y asignaturas no se habrían celebrado los exámenes finales ni las recuperaciones. “No entendemos por qué  la Junta se resiste a negociar un plan de estabilidad cuando, en 2013 y en plenos recortes en educación pública, no tuvo ningún problema en firmar un acuerdo de estabilidad para los profesores de la enseñanza concertada”, critican.

La Oferta de Empleo Público aprobada por el Gobierno central con unas oposiciones de carácter eliminatorio que solo puntúan la experiencia al final del proceso, dicen los profesores interinos, es solo un “ERE encubierto” que afecta no solo a estos docentes, sino al conjunto de trabajadores eventuales e interinos de las distintas administraciones. La tasa de interinos en España es de las más altas de Europa y roza el 20 por ciento. La justicia europea declaró ilegal esta práctica y obliga al Gobierno central a reducir su tasa de interinidad al 8 por ciento.