La dura realidad de la discapacidad sobrevenida

Trabajadoras del manipulado con graves secuelas de movilidad tras ser operadas de un cáncer de mama; hombres que sufren un accidente laboral y pierden su empleo por la imposibilidad a seguir desarrollándolo en las mismas condiciones que antes; pacientes que superan enfermedades o traumatismos que les dejan secuelas y que luego tienen muchas dificultades para incorporarse al mundo laboral. Son realidades que están ahí y que pasan desapercibidas entre los grandes números de las personas con discapacidad. Se trata de quienes padecen la llamada discapacidad sobrevenida, aquella que surge después de una enfermedad o un accidente.

Hoy, UGT ha arrojado luz sobre este colectivo, del que se desconocen cifras y porcentajes sobre afectados y su nivel de discapacidad. “Las estadísticas, en este caso, no existen. Sí sabemos que, a nivel general, hay 45.244 personas con un 33% de discapacidad reconocido en Almería, el 6,42% de la población, pero nada más. Hacen falta leyes que contemplen, por ejemplo, que hay mujeres que han sufrido tumores en el pecho y que trabajan en el manipulado, porque es una discapacidad que existe y no es tenida en cuenta”, explicaba esta mañana Carmen Vidal, secretaria provincial de UGT. El sindicato reclama que se adapte el puesto de trabajo a la situación del colectivo.

Las empresas de la provincia, que cuenta con el 7,52% de la población discapacitada en Andalucía, mantienen 355 contratos a personas con discapacidad, 140 de ellas mujeres. De ellos, solo 23 contratos son de carácter indefinidos y el resto, 332 temporales. “Nos está costando mucho que la empresa privada adapte sus puestos para discapacidad, queda mucho por hacer”, señala Vidal.

Las jornadas, que se han celebrado hoy en el Museo Arqueológico, han contado con la presencia de miembros de la Asociación Española contra el Cáncer y de la Asociación Vivir, de afectados por daño cerebral y con el apoyo de la delegación provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Su responsable, José María Martín, ha apuntado que se están incorporando, desde la administración regional, los recursos necesarios “para que la atención sea lo más inmediata posible” y que la nueva ley andaluza de discapacidad ahonda especialmente en la inserción laboral.

En Almería, según datos de la Junta, en torno a 4.000 personas cobran una pensión no contributiva. En un esfuerzo por incrementar la capacidad económica de las personas con discapacidad, se  está tramitando en el Parlamento que las ayudas no suban menos que el IPC anual.