“Al trasladar a Franco no se abren heridas, se cierran de una vez para siempre“

Es uno de los grandes especialistas en temas de memoria. De ahí que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le haya confiado la recién creada Dirección General para la Memoria Histórica. Fernando Martínez (Vélez-Blanco, 1949) es catedrático de Historia Contemporánea, coordinó el Mapa de Fosas de Andalucía y ostentó la Alcaldía de Almería entre 1991 y 1995. Esta es su primera entrevista a un medio nacional desde que llegó al cargo.

Su primer reto como director general de Memoria Histórica es sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. ¿Cómo ha de abordarse para no herir sensibilidades ni suscitar controversias?
No se trata de un reto individual sino de un reto del Gobierno de España que hace cumplir el mandato de la soberanía popular ya que el Congreso de los Diputados aprobó el 11 de mayo de 2017 una Proposición no de Ley para la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica. En ella se decía que el Gobierno debía de “afrontar, de forma decidida y urgente, las recomendaciones del informe de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos entregado al Ministerio de la Presidencia el 29 de noviembre de 2011”.  “En particular, dar cumplimiento preferente a la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos”, entre otras cosas porque Franco no fue un “caído” de la Guerra Civil.

Esta Proposición no de Ley fue ampliamente aprobada en el Congreso con un resultado de 198 votos a favor, 140 abstenciones y uno en contra. Ningún grupo parlamentario se opuso. Por tanto, el respaldo del arco parlamentario fue muy mayoritario y desde luego que lo abordaremos con todas las garantías jurídicas y toda la sensibilidad que esta cuestión requiere. Ni en Alemania ni en Italia se consentiría un mausoleo dedicado a Hitler o Mussolini.

A los que sostienen que no merece la pena recuperar los restos de los represaliados de las cunetas, pero que los de Franco han de mantenerse donde están, ¿cómo los convencería de la doble moral de esa idea?
La exhumación de los miles de restos y la reparación integral y dignificación de las víctimas de los vencidos en la Guerra Civil Española que aún están en fosas comunes, cunetas o en distintos parajes de nuestra geografía es una cuestión ética y el respeto de los Derechos Humanos constituye una exigencia y un deber moral de todo estado democrático. Son muchas las personas, algunas ya muy mayores, que esperan con ansiedad poder encontrar los restos de sus padres o abuelos y darles digna sepultura. Con esto no se abren heridas, sino todo lo contrario, se pueden cerrar de una vez para siempre. La democracia española no puede mirar para otro lado, sino afrontar de una manera decidida, aunque ya sea tarde, este problema que aún nos queda del conflicto de 1936-1939. Esto no es una cuestión de izquierdas ni de derechas sino de dignidad nacional democrática. Las víctimas de los vencedores de la Guerra Civil fueron reparadas moral y económicamente  y además todos los años se les rendía homenaje. Ahora toca hacerlo con las que aún no se ha hecho integralmente, las víctimas de los vencidos. Y en esto creo que podemos estar de acuerdo todas y todos los demócratas.

¿En qué debe convertirse el Valle de los Caídos? ¿Cómo resignificar ese espacio y hacer de él un memorial?
El Valle de los Caídos debe de convertirse en un lugar de memoria de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, de acuerdo con los principios de pluralismo, paz y democracia que consagra la Constitución. No hay que olvidar que en estos momentos es la fosa común más grande de España y que fue construido por mano de obra contratada y de los presos políticos republicanos. En ella se encuentran unos 33.833 cadáveres, de los cuales más de 12.000 son  republicanos, llevados allí sin el conocimiento y el consentimiento de sus familiares.  Por tanto, creo que ha de resignificarse como un Centro Nacional de Memoria, impulsor de la cultura de la reconciliación, la memoria colectiva democrática y la dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil Española y la Dictadura, a través de proyectos y programas culturales, museísticos y de investigación. Debe de ser un lugar de información, conocimiento, identificación, dignificación y homenaje de aquellos cuyos restos se encuentran allí inhumados. Y desde luego, los familiares que soliciten su exhumación para devolverlos a su lugar de origen y recibir digna sepultura el Estado debe de facilitarlo.

¿Qué se va a hacer con los restos de Primo de Rivera?
La comisión de expertos, creada en 2011 para tratar el futuro del Valle de los Caídos, señaló que los restos de José Antonio Primo de Rivera, que sí fue un “caído” de la Guerra Civil,  no deben de ocupar el lugar preeminente que ahora tienen en el Valle por agravio con los otros cadáveres allí inhumados. Por tanto, pueden  permanecer en el Valle de los Caídos o ser trasladados al lugar que desee su familia.

¿Cuándo tienen previsto empezar a abrir las fosas del franquismo?
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, en su comparecencia del día 11 de julio en el Congreso de los Diputados, hizo público el compromiso de asumir e impulsar la apertura de fosas como una tarea propia del Estado. En realidad, ya en los inicios de la Transición se realizaron exhumaciones de fosas comunes, aunque sin rigor científico. Este proceso sufrió un importante parón a principios de los ochenta y la apertura de fosas se volvió a retomar en el último lustro del siglo XX realizándose exhumaciones, ya con rigor científico, por parte de las asociaciones de memoria histórica.

La ley de 2007 vino a poner las bases de dignificación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y situó la apertura de las fosas en proyectos de las asociaciones de memoria histórica y en familiares. Desde entonces, diversas Comunidades Autónomas, como la de Andalucía, han aprobado leyes de Memoria Histórica y Democrática, y están asumiendo como tarea pública las exhumaciones en sus territorios. Esto no es generalizado y quedan muchas fosas en todos los territorios por abrir. Nuestra tarea desde la Dirección General de Memoria Histórica será   establecer un plan cuatrienal, revisado anualmente, para acometer la amplia tarea de actualización del mapa de fosas existente, localización e identificación de restos de las víctimas, creación de un banco de ADN, que lo haremos conjuntamente con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, sin descartar acuerdos con asociaciones.

¿Cómo van a empezar a aplicar la Ley de Memoria Histórica teniendo en cuenta el presupuesto cero con el que la dotó el Gobierno de Rajoy?
El PP, con gran insensibilidad para con esta cuestión, paralizó la ley de Memoria Histórica a su llegada al poder y desde el presupuesto de 2013 no hay consignación presupuestaria para implementar la ley. Ello ha supuesto el requerimiento y la queja permanente de los organismos internacionales humanitarios, especialmente Naciones Unidas, y las quejas permanentes de diversos grupos parlamentarios.

Ahora nos encontramos con cero euros en el presupuesto, pero una vez creada la Dirección General de Memoria Histórica hay sensibilidad en el Gobierno de la nación como para que este año empecemos a funcionar y situar ya una partida presupuestaria  digna para el año 2019.

¿En qué sentido se hace necesario modificar esa Ley?
A lo largo de 10 años de funcionamiento se ha puesto de relieve que la Ley de 2007 es preciso actualizarla por las siguientes razones. Primero porque se han detectado insuficiencias a la hora de lograr los objetivos que se proponía. Segundo, es preciso adecuarla a las recomendaciones y requerimientos que nos vienen haciendo los organismos internacionales humanitarios. Concretamente el Relator de Naciones Unidas en su informe de 2014 decía que en España había déficits en Verdad y Justicia y se lamentaba de que el Estado no asumiera el liderazgo de la búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y la apertura de fosas. En tercer lugar, las leyes de Memoria que se han aprobado en algunas Comunidades Autónomas van mucho más lejos que la normativa nacional, y ello exige su adecuación. Y en cuarto, es preciso tener en cuenta las recomendaciones y las aspiraciones de las asociaciones de memoria y de las victimas e incluirlas en el marco institucional de la Ley.

¿Está entre tus planes ilegalizar la Fundación Franco? ¿Y anular el ducado de Franco?
La sociedad democrática y sus valores son incompatibles con el fascismo, el nazismo y el franquismo. Por tanto, así lo ha señalado la ministra de Justicia, se estudiará la ilegalización de aquellas asociaciones o fundaciones que hagan apología del fascismo, el franquismo y el nazismo. Del mismo modo se estudiará la anulación del ducado de Franco.

¿Se van a anular definitivamente los juicios sumarísimos del franquismo?
La Ley de 2007 ya avanzó que los Tribunales de Excepción de la Guerra Civil y el franquismo como los Consejos de Guerra sumarisimos, Tribunal de Responsabilidades Políticas, Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, Comisiones Profesionales de Depuración, etc.  eran ilegítimos e injustos. La experiencia de diez años de funcionamiento de la Ley ha puesto de relieve lo insuficiente de esta declaración a la hora de la reparación integral de las víctimas ya que  se quedaba a medio camino para su total satisfacción. Por tanto, nuestra propuesta, tal como ha señalado la ministra de Justicia, será declarar su nulidad.

Desde la Dirección de Memoria Histórica, ¿se va a hacer algún tipo de política reparatoria con aquellos que sufrieron la expropiación de bienes?
A lo largo de los años de la democracia se ha procedido a la devolución de los bienes incautados, aunque no en su totalidad, a los partidos políticos y los sindicatos,  y yo me pregunto: ¿Por qué no estudiar una política reparatoria para con los particulares a quienes se les incautaron sus bienes o los sancionaron con multas cuantiosas solo por estar vinculados a partidos políticos que en aquellos momentos eran legales? Desde luego, en la Proposición de Ley de reforma integral de la Ley de Memoria Histórica que registró el PSOE en diciembre de 2017 así lo contemplaba.

He tenido la oportunidad de dirigir un amplio proyecto de investigación sobre cómo se produjeron las incautaciones de bienes y las sanciones que puso el franquismo en Andalucía y he podido observar cómo por el solo hecho de pertenecer a un partido republicano u obrero o ser sospechoso de no apoyar el movimiento nacional te incautaban tus bienes, te imponían una cuantiosa sanción económica, te inhabilitaban para el ejercicio de cargo público o te desterraban. Por tanto, esta es también una asignatura pendiente que el Estado debe de afrontar paulatinamente como se ha hecho en otros países como Alemania. 

¿Van a reconocer de algún modo a los exiliados?
Sin lugar a dudas, además vamos a tener la oportunidad de hacerlo el próximo año que se cumplen 80 años del gran éxodo de cerca de medio millón de republicanos españoles a Francia, Argelia, México y otros países iberoamericanos.