El Ayuntamiento de Almería consigue salvar el primer escollo para conseguir que los fondos del PATRICA que le llegan desde la Junta de Andalucía a través de la Ley de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía no se queden paralizados en este año 2019 a causa de una deuda contraída por la compra de agua al Campo de Dalías entre los años 80 y 90.
Así se ha decidido en la que es la primera visita oficial del consejero de Economía, Industria y Energía, Juan Bravo, al ente municipal, donde ha mantenido una reunión con el alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco; la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo; la delegada de Gobierno, Maribel Sánchez; y la delegada de Agricultura, Aránzazu Martín. Allí se ha puesto sobre la mesa la resolución de la Dirección General de Tributos autonómicos en la que, amparándose en la normativa existente, se decide retener los 8,8 millones de euros correspondientes a esa deuda contraída entre 1985 y 1993 de los fondos del PATRICA de 2019 y la argumentación mantenida en todo momento por la Asesoría Jurídica municipal defendiendo que se trata de un tema ya prescrito.
Ha explicado Juan Bravo que quieren buscar la mejor solución "para no poner más trabas a un Ayuntamiento que cumple con sus obligaciones" ante "una herencia de mala gestión" en ambos casos; "el Ayuntamiento por una mala gestión anterior, y la Junta por una mala gestión que ha llevado a que durante años y años no se ha intentado la gestión de cobro". Así han acordado "crear un grupo de trabajo para ver el expediente en qué situación se encuentra" y establecer si esa deuda está o no prescrita, más allá de las acciones judiciales ya en marcha.
El compromiso que ha tomado el consejero de Economía pasa por "resolver en el plazo más corto posible la situación de esa deuda, y si finalmente corresponde pagar, ver las facilidades para que pueda hacerlo de la manera que considere que menos perturba al equilibrio financiero municipal" y es que asegura que "no se puede perjudicar el funcionamiento de un Ayuntamiento que cumple".
Deuda autonómica
En esa mesa también se han expuesto las deudas que tiene la Junta de Andalucía con la administración local y que se va a recopilar con detalle en los próximos días para que sea otro de los puntos a tratar en ese grupo de trabajo.
Ha explicado Juan Bravo que "no tiene sentido que el hermano mayor le deba dinero al hermano menor" y no entendía como no se pagaban los IBIs y que estos se "tengan que embargar y se paguen con recargo, algo que no es bueno para el Ayuntamiento porque descuadra las cuentas, ni para la Junta porque paga con un 20% de recargo más intereses".
Habrá que esperar a que comience a funcionar ese grupo de trabajo así como la resolución judicial sobre la petición del ente municipal de prescripción de la deuda, para saber definitivamente, si hay que pagar o no esos 8,8 millones de euros.
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