La explosión de la burbuja inmobiliaria bloqueó miles de viviendas de nueva construcción en la provincia de Almería, atrapadas en la crisis económica, vacías y sin mercado.
Años después, las promotoras y las entidades bancarias tratan de recuperar sus activos en un campo de batalla muy cambiado, a menudo con propiedades convertidas en carne de okupaciones. Sucede, por ejemplo, en el barrio de Villa Inés (Huércal de Almería) donde un amplio dispositivo de seguridad formado por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local acompañó este miércoles a los operarios encargados de acabar con los suministros de una veintena de casas unifamiliares okupadas.
Los trabajadores se emplearon para sellar con hormigón la red de alcantarillado de las viviendas con el objetivo de ‘ahogar’ a los okupas. Esto es, no solo se lucha contra los enganches ilegales al suministro de electricidad y agua (algo cada vez más común en situaciones como esta) sino también sobre la posibilidad del uso de la red de saneamiento.
La medida provocó la reacción de algunos vecinos que consideran irregular y desproporcionada la intervención y culpan al Ayuntamiento de Huércal de Almería. Apelan a las acciones judiciales emprendidas para el desalojo de las viviendas, que siguen su curso y que, alegan, debe respetar la presencia de familias con menores de edad.
Según confirmaron fuentes oficiales de la Comandancia de Almería, los trabajos se realizaron en la misma promoción de viviendas donde los agentes de la Guardia Civil realizaron la pasada semana una operación contra el cultivo de marihuana con la localización de más de 800 plantas y la captura de un presunto traficante de drogas.
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