Ana Julia Quezada regresó a la silla tapizada en el centro de la sala de vistas para ejercer su derecho a la última palabra. La última oportunidad para vencer la resistencia del jurado popular. La última opción para evitar el abismo de una condena de prisión permanente revisable.
Bañada en lágrimas, la acusada pidió disculpas. “Quiero pedirle perdón a los familiares de Gabriel, a los padres y a todas las personas a las que he podido hacer daño con mi acción”, afirmó. “Quiero pedirle perdón a mi hija y a toda mi familia, a todo el mundo que se haya podido sentir mal por lo que hice y a toda España. Solo espero que Dios me perdone”. Luego, Ana Julia Quezada regresó junto a su letrada Beatriz Gámez y esperó al desalojo de la sala para regresar, un día más, al furgón de la Policía Nacional y a la carretera de Cuevas de los Medina.
La séptima sesión del juicio por el presunto asesinato colocó las cartas sobre la mesa. La fiscal y la acusación particular mantienen diferencias sustanciales sobre cómo se produjo la secuencia de hechos en la finca de Rodalquilar (Níjar) el 27 de febrero de 2018.
La primera sostiene que el pequeño Gabriel murió asfixiado y que los golpes en la cabeza son fruto de la propia maniobra de sofocación, como explican los forenses del Instituto de Medicina Legal de Almería. La muerte fue rápida y sin sufrimiento adicional, según desliza el informe de la fiscal Elena Fernández Lora.
Por su parte, la acusación ejercida por el letrado Francisco Torres toma un camino más espinoso y considera que la asfixia llegó tras, al menos, 45 minutos de agonía del menor, con fuertes golpes en la cabeza. Por eso, añade a la calificación fiscal de un asesinato alevoso, la existencia de ensañamiento.
Ahora bien, ambos comparten puntos estratégicos para apuntalar la acusación contra Ana Julia Quezada, de 45 años de edad. Un plan. Violencia. Ocultación. Humillación. “Ha quedado acreditado una inquina y una animadversión injusta que le lleva a una intencionalidad perversa y consolidada en el tiempo”, señaló Fernández Lora el martes en su informe final.
“Este niño ha quedado probado que representaba un obstáculo para Ana Julia Quezada, elimino el vínculo afectivo que tenían padre e hijo y eliminó el vínculo entre los padres, cuya prioridad era la atención y educación del menor”, continuó. Para la fiscal la acusada era “era plenamente consciente”. “Es fría, calculadora y mentirosa. Que la defensa mantenga que la muerte sea accidental ofende la inteligencia y el más mínimo sentido común”, aseveró la fiscal.
Francisco Torres dio un paso más allá en su alegato. “Estamos convencidos de que es una auténtica asesina. Mató haciendo sufrir al niño y desconocemos si el móvil es solo económico o un odio absoluto a la madre del niño”, afirmó. “Es una sociópata de libro, esta mujer no tiene el mismo derecho a respirar el mismo aire que nosotros, hay que apartar a esta mujer de la calle, porque va a matar a más niños”.
Por el contrario, la defensa ejercida por Esteban Hernández Thiel solicitó nuevamente una condena por un delito de homicidio imprudente, en la línea de la versión ofrecida por Ana Julia Quezada desde 48 horas después de su arresto en La Puebla de Vícar (11 de marzo de 2018), aunque introdujo pequeñas modificaciones.
Hernández Thiel propone como alternativa una condena de 15 años de cárcel por homicidio doloso. De forma simplificada el letrado ofrece una opción intermedia entre su escrito inicial y la prisión permanente revisable solicitada por las acusaciones.
A lo largo de su informe definitivo, el letrado se sumergió en una explicación sobre la muerte accidental del menor y la posibilidad de un arrebato en la agresión. “Empatizo con el dolor de esos padres y es comprensible. Existe un natural deseo de venganza, pero hay que valorar las pruebas objetivas”, se dirigió a las siete mujeres y dos hombres del jurado popular.
Sin plan
Además, la defensa saca de la ecuación elementos como la muerte de la primera hija de Quezada en Burgos, nunca investigada como un crimen, o la muerte de dos parejas, aquejadas de cáncer. También rechazó las insinuaciones de envenenamiento, que no se sustentan sobre ninguna prueba objetiva. “Ella lo reconoce, que le dio muerte. Eso no se discute. Yo entiendo que hay una serie de elementos de prueba que se han practicado aquí. Fue algo absolutamente imprevisto”, cerró el abogado.
Las partes se reúnen este miércoles en el Palacio de Justicia de Almería para elaborar el objeto de veredicto. Se trata del cuestionario sobre los hechos que los miembros del jurado tendrán que responder para dirimir la culpabilidad de Ana Julia Quezada.
En la discusión jurídica entrará la última modificación aportada por la defensa que, de forma simplificada, se basa en la concurrencia de un arrebato temporal y en la capacidad del pequeño de ocho años para resistirse a la agresión. “Si esto es un asesinato, es una auténtica chapuza”, alegó el abogado de Quezada en la sesión de este martes. “El cuerpo permaneció escondido en un hoyo de solo diez centímetros de profundidad y cubierto por unas tablas durante 12 días en una finca familiar”.
Dejó la pala y el hacha. Colocó la camiseta. Perdió los móviles. Incriminó a una ex pareja residente en la cercana pedanía de Las Negras. Y, finalmente, sacó el cuerpo y protagonizó “una ruta errática”, según un teniente de la Guardia Civil, hasta su detención definitiva en La Puebla de Vícar.
El veredicto podría conocerse a primera hora de la tarde del jueves, aunque el jurado tiene un plazo de 48 horas para deliberar sobre el presunto asesinato de Gabriel Cruz Ramírez.
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