Espinosa pide al Gobierno que combata la ocupación ilegal de viviendas

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Rosalía Espinosa se ha mostrado preocupada ante una respuesta del Gobierno de España que reconoce a diputados del PP que en los primeros nueve meses del año pasado se produjeron en la provincia de Almería 223 ocupaciones de inmuebles conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una cifra que en Andalucía asciende a 2.009 casos. 

Grave problema

Según Espinosa estamos ante un “grave problema” que lamentablemente va en aumento año tras año y que supone un enorme sufrimiento para aquellas personas que han invertido sus ahorros en una vivienda que finalmente termina siendo ocupada y en muchísimos casos destrozada por los ocupas. Por ello espera que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tome medidas para garantizar el derecho constitucional a la propiedad privada.

“Son muchísimas las ocasiones en las que a través de los medios de comunicación conocemos que se han ocupado viviendas, y que además esto está causando problemas no solo al afectado si no también a los vecinos de la zona. Es cierto que todos tenemos derecho a una vivienda digna, pero el Gobierno no puede dejar desprotegidos a los ciudadanos que tras una vida trabajando han invertido el dinero que han ganado en una casa que termina siendo ocupada, provocando situaciones realmente dramáticas en las que los dueños de la vivienda tienen que hacer incluso frente a los gastos de luz, agua, IBI etc…”, afirma.

La parlamentaria popular señala que en otras ocasiones son bandas organizadas las que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad, o para conseguir del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente. 

En Almería

“Hay almerienses, personas honradas y trabajadoras a las que se les está vulnerando sus derechos cuando ocupan su vivienda de manera ilegal, en lo que es un ataque al derecho constitucional a la propiedad privada y que afecta además a la convivencia vecinal ya que están proliferando bandas de criminales al amparo de la ocupación y que cobran por ocupar o por desocupar, lo mismo les da”, afirma Espinosa.