El Juzgado de lo Penal número 4 de Almería ha condenado a seis meses de cárcel por un delito de atentado a funcionario público sanitario al familiar de un usuario por agredir a un médico residente.
Los hechos ocurrieron en enero de 2019, cuando el médico junto con el personal sanitario y, en el ejercicio de las funciones profesionales, se desplazaron al domicilio del acusado para prestar asistencia a un familiar enfermo.
El acusado “con actitud agresiva” recriminó al personal sanitario del retraso y procedió, en un momento determinado, “a coger del pelo, brazo y hombro al médico tirándole hacia atrás, al tiempo que le gritaba que se marchara de la casa”. Ante esta situación, los compañeros “se vieron obligados a auxiliarlo para evitar que continuara con su actuación”.
El médico denunció al usuario por agresiones, a través del Servicio Jurídico del Colegio de Médicos de Almería. Los hechos denunciados se pudieron demostrar con el testimonio del propio facultativo y de varios testigos que presenciaron la agresión. La sentencia condena al acusado como autor “criminalmente responsable de delito de atentado a funcionario público” a la pena de 6 meses de prisión y hacerse cargo del pago de las costas procesales.
El Colegio de Médicos de Almería "vuelve a transmitir un mensaje de repulsa ante las agresiones a los profesionales de la salud y recuerda la importancia de denunciar para no dejar impune ningún episodio de violencia ejercido contra los profesionales sanitarios. La Junta Directiva recuerda a los profesionales que tienen a su disposición un protocolo de actuación ante las agresiones. En el documento, disponible en su página web, explica que estas pautas de actuación son necesarias ante cualquier situación en la que el sanitario se sienta agredido", explican a través de un comunicado.
Este protocolo se activa en el momento en que el colegiado se pone en contacto, telefónicamente o rellenando el formulario de denuncia, con el Colegio y le informa de la agresión sufrida. El Colegio pone a su disposición un equipo compuesto por personal médico y jurídico, que le asesorará y realizará las acciones legales y administrativas necesarias; en primer lugar para defender y proteger al colegiado y en segundo lugar, para que estas agresiones no queden impunes, tal y como explican desde la institución.
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