Enciso multiplicó su patrimonio por cinco, pero Hacienda dice que es legal

Cuatro meses después de la apertura de las puertas del Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, el juicio oral del denominado Caso Poniente afronta su recta final. El equipo de peritos de la Agencia Tributaria (AEAT) compareció este miércoles para detallar las conclusiones del informe sobre las cuentas del acusado Juan Enciso, ex alcalde de El Ejido y acusado de delitos que suman 40 años de prisión.

La pericial apenas consumió 45 minutos, lejos de la dura sesión de la pasada semana sobre las sociedades del antiguo interventor municipal José Alemán y de su esposa, la empresaria Isabel Carrasco, y ofreció conclusiones muy distintas.

Los peritos de la AEAT afirman que “del informe patrimonial de Juan Enciso se desprende que no existe ningún delito fiscal ni ganancias no justificadas”. “No hay delito fiscal, existen ganancias de patrimonio, pero está todo justificado”, insisten.

El ex alcalde de El Ejido multiplicó por cinco su patrimonio en los años investigados. Pasó de 166.000 euros en 2002 a 800.000 euros en 2009, pero los inspectores de Hacienda afirman que los ingresos declarados coinciden con el aumento de la riqueza.

La declaración de los peritos supone un pilar básico para la defensa de Juan Enciso, que esquivaría delitos fiscales por la actividad de sus sociedades (el tribunal aún tendría que analizar su hipotética responsabilidad como miembro del Consejo de Administración de la sociedad mixta Elsur).

No obstante, los expertos de la Agencia Tributaria manifiestan dudas sobre el papel del ex regidor de El Ejido en tres grandes apartados de la causa, que le relacionan con otros presuntos delitos investigados.

En primer lugar, dedican un epígrafe a “favores y ventajas obtenidas por el alcalde” como la contratación de familiares directos e indirectos de Juan Enciso en las sociedades vinculadas a Elsur. Los peritos creen que el ex alcalde favoreció a personas de su entorno. “Constatamos el hecho de que se había retribuido a familiares del ex alcalde por parte de empresas investigadas en la causa”, precisaron.

Los peritos mencionaron a preguntas del fiscal a “diez personas” relacionadas con Enciso y su esposa, aunque luego hablaron de “nueve personas” en el turno de la defensa ejercida por el letrado Francisco Torres. A modo de ejemplo, los declarantes resaltaron los 179.000 euros cobrados por el sobrino y los 89.000 euros de la esposa de éste.

En segundo lugar, los peritos aludieron a las obras realizadas en la sede del PAL (partido de Enciso tras su salida del PP) y pagadas por Elsur, como también confirmaron testigos citados en jornadas previas.  Emilio Lucas, abogado del Ayuntamiento de El Ejido, preguntó a los peritos si se trataría de un cobro indebido y en especie por parte de Enciso y su esposa, ya alquilaban al PAL el inmueble. Los inspectores respondieron “sí”.

Venta de una sociedad

Y en tercer lugar, los peritos analizaron la venta de la sociedad Villa de Alcolea al empresario José Amate, también acusado en el proceso judicial y señalado por la Fiscalía Anticorrupción como uno de los promotores de la presunta “sobrefacturación” de obras y servicios en la sociedad mixta Elsur.

Las acusaciones consideran que se trató de un ‘pelotazo’ de Juan Enciso donde Amate, presunto beneficiario del fraude de Elsur, se hizo cargo de una sociedad deficitaria. “No se justifica que una sociedad que arrastra pérdidas, no en quiebra pero sí en dificultades económicas, se venda en esa cantidad. Parece un favor”, dijo el jefe de los peritos. “Esta sociedad no tenía valor”. Se vendió por 180.000 euros.

Muy al contrario, las defensas cuestionan de raíz el informe de la AEAT en este punto y precisan que se hizo una ampliación de capital previa a la venta y que, además, se habían realizado unos proyectos inmobiliarios que justificaban el valor. En todo caso, la venta de Villa de Alcolea se hizo de manera legal, según los declarantes, y solo se duda sobre el importe, asumido de manera personal por el propio José Amate sin sociedades interpuestas.

La sesión número 32 del juicio del Caso Poniente abordó igualmente este miércoles otros informes  de la AEAT sobre empresas investigadas en el proceso. Las vistas se retoman el próximo viernes. Los magistrados Ignacio Angulo, Társila Martínez y Jesús Martínez de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería estudian el presunto caso de corrupción en El Ejido entre los años 2002 y 2009.

En caso estudia un supuesto desfalco de las arcas públicas del Ayuntamiento de El Ejido a través de los pagos del canon que se abonaba a la sociedad mixta Elsur para la prestación de servicios municipales. La Fiscalía Anticorrupción calcula un agujero de 71 millones de euros de dinero público.