Nueve condenados por cultivar marihuana en El Puche

La magistrada Sara Herrera, titular del Juzgado de lo Penal número Dos de Almería, ha condenado a nueve acusados de un organización dedicada a la producción de marihuana a gran escala en la barriada de El Puche. La operación se desarrolló en el mes de diciembre de 2014 y se saldó con el decomiso de 667 plantas de cannabis sátiva distribuidas en viviendas de las calles Octavio Aguilar y Santa Rosa, además de la localización de distintos útiles para la producción, conservación y manipulación de las macetas que apuntaban a la proliferación de otras cosechas.

El juzgado impone penas de dos años y medio de prisión por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. Sin embargo, se les aplican atenuantes de dilaciones indebidas muy cualificadas y confesión, de modo que se benefician de una reducción sustancial de las condenas inicialmente solicitadas.

La investigación fue desarrollada por agentes de la UDYCO de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Almería y se centró en la barriada de El Puche y en otros inmuebles presuntamente vinculados a la red y ubicados en San Vicente y La Juaida.

Los agentes realizaron registros en diciembre de 2014 en una vivienda de la calle Santa Rosa donde hallaron 76 macetas de plantas de marihuana, seis transformadores, seis lámparas y un filtro con extractor de aire. Todo estaba en una propiedad unifamiliar de una pareja.
En el domicilio de calle Octavio Aguilar 225 macetas de plantas de marihuana, 19 lámparas, 19 transformadores y un filtro con el extractor de aire, según consta acreditado en la sentencia judicial.

Los detenidos tenían funciones diferenciadas y complementarias, mientras unos se dedicaban a los cuidados de las cosechas otros se encargaban de la logística. Por ejemplo, dos hermanos fueron identificados como “los encargados de llevar a cabo las instalaciones eléctricas de las plantaciones para su mantenimiento, así como llevando a cabo las reparaciones necesarias para evitar el deterioro de las mismas”. Otro se ocupaba de las aires acondicionados. El tribunal suspende la ejecución de las penas durante un plazo de dos a tres años, según cada procesado, y ninguno de los acusados tendrá que ingresar en prisión.