Existe un intenso debate jurídico sobre los recursos para la lucha contra el tráfico de drogas. La Fiscalía Superior de Andalucía (FSA) recoge en su memoria de 2020 algunas propuestas para la persecución de las organizaciones criminales que operan en la región.
Una medida contemplada en los informes es la persecución del contrabando de gasolina. En la provincia de Almería y en otras zonas con la costa de Cádiz se han multiplicado los llamados ‘petaqueros’. Son personas dedicadas al transporte de embarcaciones con bidones de gasolina destinadas a alimentar a las lanchas rápidas y botes de recreo que cargan resina de hachís.
El simple transporte de combustible no está castigado como un delito (salvo algún delito ambiental en caso de vertidos). “Habría que estudiar, al igual que se hizo en su día con las lanchas rápidas, la posibilidad de la creación de un delito autónomo de contrabando que permitiera la persecución penal de estas conductas, dado el riesgo que genera y las numerosas aprehensiones de este tipo de sustancia”, sugiera la FSA. “Entre los muchos participes en labores secundaria, se plantean especiales situaciones de riesgo con las personas que tienen como misión el aprovisionamiento de combustible a las embarcaciones de alta velocidad, cuyo consumo es elevadísimo”.
En internet
La FSA, citando a la delegada de Almería, apunta a la necesidad de regular la venta de productos para el cannabis. “Existe una confusa regulación que está permitiendo operar a los comercios, físicos y online, como proveedores de las organizaciones delictivas dedicadas al cultivo de marihuana, tanto de semillas, como todos los productos necesarios para la siempre y cultivo. Parece precisa una urgente actuación administrativa sobre tales comercios que pasa por las inspecciones correspondientes sobre el cumplimiento de la normativa administrativa relativa a la venta de semillas y fitosanitarios”.
Finalmente sugiere impulsar la coordinación para la custodia de los bienes decomisados en las operaciones. “Urge retomar el protocolo llevado a cabo entre la administración de Justicia y la Junta de Andalucía para intentar agilizar las decisiones sobre el destino de los bienes”.
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