Juicio a Rifá: “No es un alzamiento sino una insolvencia empresarial”

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería acogió este jueves la primera sesión del juicio oral contra el empresario catalán Miguel Rifá y otras siete personas acusados de urdir una trama empresarial para eludir el pago de deudas millonarias mediante un alzamiento de bienes.

La vista se dedicó íntegramente a las cuestiones previas, especialmente extensas por la complejidad del caso. Miguel Rifá se enfrenta a una petición de 29 años y 11 meses de prisión y su declaración está prevista para el próximo lunes.

Manuel Alarcón, abogado del empresario hotelero, aseguró este jueves que “no hay un alzamiento de bienes sino una situación de insolvencia empresarial  motivada por la crisis económica”. El letrado aseguró que la falta de liquidez presentada por las empresas encabezadas por Rifá no tiene su origen en un afán por ocultar activos y aludir los pagos, sino precisamente por “la ejecución de elementos de garantía”. Es decir, las deudas se pagaron con los activos disponibles hasta donde fue posible. “Los hoteles han sido elementos de ejecución”, insistió Alarcón.

De esta manera, el empresario catalán, ex propietario del Gran Hotel, expuso en la primera sesión del juicio la línea de su defensa. Nunca quiso eludir el pago de las deudas. Esta posición responde a algunas de las claves de la acusación, representada por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado. Ambas instituciones solicitan penas de prisión para Miguel Rifá por delitos de alzamiento de bienes y contra la Hacienda Pública por operaciones realizadas entre los años 2008 y 2011.

El escrito de acusación, firmado por la fiscal Elena Fernández Lora, asegura que el empresario ejecutó “un plan preconcebido” para “eludir obligaciones tributarias a través de un entramado de sociedades españolas, portuguesas y británicas” con domicilio fiscal en las Islas Vírgenes Británicas. La deuda acumulada ascendía en 2011 a 130 millones de euros y el montante calculado del presunto alzamiento de bienes superaba los 98 millones.

Manuel Alarcón criticó la valoración de los activos presuntamente traspasados a otras sociedades. “El alzamiento se cifra en millones cuando en realidad vemos que una finca, por ejemplo, se venden en 40.000 euros”.

Por otra parte, la representación legal de Miguel Rifá pidió la nulidad de las escuchas telefónicas al acusado que luego se tradujeron en registros. “Carecen de un sustento mínimo”. A la peticiones de nulidades se añadió la defensa del acusado Israel Martínez, el letrado Jorge Muñoz. También se solicitó la prescripción de los delitos contra la Hacienda Pública, un aspecto que ya supuso una rebaja sustancial de otro proceso especialmente mediático, el Caso Poniente en El Ejido.

Delitos fiscales

Los delitos fiscales en aquellas fechas prescribían a los cinco años y el reloj se detenía solo cuando se presentaban acusaciones formales contra los acusados. Esta cuestión debe ser resuelta por el tribunal compuesto por los magistrados Alejandro Dodero, Luis Durbán y Soledad Jiménez de Cisneros (presidenta).
La fiscal Elena Fernández Lora considera en su escrito de acusación que Rifá transfirió 13 hoteles, 130 fincas, un edificio y un solar a otras sociedades gestionadas por testaferros.

Las propiedades en la provincia se repartían fundamentalmente por Almería, Antas, Garrucha, Cuevas del Almanzora y Sorbas. El valor neto del mencionado “vaciamiento patrimonial” es de 98,6 millones de euros. “Quería dejar todas las deudas en las sociedades referidas del grupo Rifá e incluso incrementarlas generando deudas por IVAs ficticios que no se ingresan y traspasar todos los bienes a otras sociedades también del grupo”, insiste la fiscal. El juicio oral se retoma este viernes con la continuación de las cuestiones previas.