Rifá niega el alzamiento de bienes y dice que agrupó empresas para venderlas

El 3 de julio de 2012, el empresario catalán Miguel Rifá envió un correo electrónico a un socio portugués llamado Luis Ribeiro para definir los siguientes pasos en su estrategia empresarial. Las sociedades del grupo estaba ahogadas por las deudas y el “jefe’, como era llamado por alguno de sus empleados, había dispuesto operaciones para transferir activos a entidades fuera de España. “Después de varias consultas con el bufete de Malta, tendríamos que hacer los siguiente cambios que según tu legislación”, comenzaba el escrito intervenido en los registros desarrollados por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.

La comunicación detallaba tres operaciones con las sociedades Arembepe, Belo Paraíso y Superpolos, que pasaban a Lisboa. “De esta forma hemos desvinculado todas las sociedades de Portugal del grupo español a fin de efectos de que no se entremezclen con los fondos”, concluyó Rifá en el mensaje.

Para el empresario catalán era solo “parte de una estrategia de refinanciación del grupo”. Para la Fiscalía es “un alzamiento de bienes” para eludir el pago de deudas millonarias gestadas entre 2008 y 2011 y esencialmente contraídas con la Agencia Tributaria. En otro correo, Rifá tiraba del refranero catalán. “Barcelona és bona si la bossa sona (Barcelona es buena si la bolsa suena)”.

Miguel Rifá prestó declaración este lunes en la Audiencia Provincial de Almería por un supuesto vaciamiento patrimonial de 98,8 millones de euros, según el escrito de acusación de la Fiscalía. El juicio comenzó el pasado jueves con dos jornadas reservadas a las cuestiones previas, pero la comparecencia de Rifá era esperada como el auténtico pistoletazo de salida a una carrera de obstáculos judicial.

La puesta en escena anticipaba la dureza del camino, con la fiscal Elena Fernández Lora  interrogando detrás de una montaña papeles y con el principal de los siete acusados mostrando signos de agotamiento. No pasó ni una hora de declaración cuando, a instancias de la magistrada Soledad Jiménez de Cisneros, el empresario solicitó un pequeño receso para dar un respiro a sus 80 años de edad.

Refinaciarse

No es un juicio normal. Pase lo que pasé, Rifá no entraría en prisión a tenor de su salud y el largo periplo judicial que aún queda pendiente. Hasta la fiscal se disculpó en dos ocasiones por la duración del interrogatorio al acusado, para el que pide 29 años y 11 meses de prisión.

Las posiciones están claras después de la comparecencia de Rifá. La Fiscalía y la Abogacía del Estado sostienen que el acusado se apoyó en una red de testaferros para descapitalizar sus empresas, desde las cabeceras Hotel Almería y Predios del Sureste.

Miguel Rifá, en cambio, niega las acusaciones y rebate afirmaciones como el importe de la deuda o la posición de Hacienda. “La Agencia Tributaria solo se comunicaba con nosotros de pleito en pleito”, afirmó en su declaración.

Según su versión, no hubo vaciamiento de activos. “Buscábamos una refinanciación del grupo y necesitábamos un comprador o un inversor o cualquier cosa para salvarlo (...) trabajaban 400 personas”, ahondó. “Empezamos a hacer una concentración de empresas para que pudieran comprarlas todas”.

Fiscalía, a través de los peritos, calcula una deuda de 130 millones; sin embargo, Rifá asegura que la “real” era “menos de 60 millones” y el resto intereses y multas. “Estos hoteles se ofrecieron a la Agencia Tributaria como garantía, pero no los quiso”, añadió Rifá este lunes en la Audiencia. “Si Hacienda hubiera querido, habría embargado esos activos”.

En contra de esta versión, la Fiscalía sostiene que se transfirieron 13 hoteles y diversas parcelas con el objetivo de eludir el pago. Rifá se defiende: “Todos los activos han desaparecido por han sido ejecutados. No hay nada. Es una pena después de tantos años de trabajo”.