Tres desahucios con incierto futuro

El futuro de tres viviendas sobre las que pesa la amenaza de desahucio en la provincia de Almería se presenta más incierto que nunca. Se trata de tres inmuebles a las que la Junta aplicó recientemente la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda y que permitía su expropiación temporal a la entidad financiera que ejecutaba una ejecución hipotecaria.

Ayer, el Tribunal Constitucional ordenaba la suspensión cautelar de los artículos recurridos por el Gobierno contra la citada Ley andaluza. Es decir, hasta nueva orden, la Junta no puede expropiar esos inmuebles en favor de los dueños de las viviendas.

En toda la comunidad de Andalucía hay 37 familias que estaban esperanzadas en no sufrir el desahucio, de las que 3 se localizan en la provincia de Almería. En concreto, dos familias de Roquetas de Mar, en la calle Pablo Picasso y Plaza de Itálica, y una de la capital almeriense, que reside en la calle Campo Verde.
No se puede aplicar la suspensión cautelar a dos viviendas en Huelva y Málaga porque la decision del TC no tiene carácter retroactivo, explican desde la Junta.

Reacción de la Junta

La decisión del Tribunal Constitucional era esperada en la Consejería de Fomento, dirigida por Elena Cortés (IU), que desde hace semanas venía pidiendo al TC el levantamiento de la suspensión cautelar de la Ley.

En un comunicado, la Administración autonómica reiteró ayer que reclamará al Constitucional que no agote el plazo de cinco meses que tiene para levantar la suspensión cautelar de la norma, ya que “su paralización, forzada por el Gobierno, supone una desprotección masiva de derechos y porque, además, es evidente que la Ley no ha vulnerado ninguno durante sus meses en vigor”.

El caso catalán

“Además en Cataluña hay en vigor una Ley de Vivienda de 2007 asentada sobre preceptos similares, que permite clasificar y sancionar viviendas vacías”, explicó Elena Cortés, que ha recordado que el PP no la recurrió cuando se aprobó. “El motivo de esta asimetría es obvio: no les preocupan los derechos ni la Constitución, les preocupa que en Andalucía haya un Gobierno que demuestra que hay alternativa y que pone en evidencia el fracaso de sus políticas”, dijo.

A todos

La consejera ha afirmado que el recurso del Gobierno “no sólo afecta a estas 37 familias, y a las casi dos centenares que cumplían los requisitos de la Ley y que se iban a acoger también a la expropiación, sino a todas las personas en proceso de desahucio en Andalucía”. “Esta Ley tenía un efecto disuasorio sobre todos los desahucios, porque daba poder a la familia frente a la entidad financiera. Cuando un banco iba a desahuciar a una familia, se lo pensaba dos veces, porque sabía que se exponía a sanciones por tener la vivienda vacía o a la expropiación de la casa”, ha señalado la consejera.