Detienen a 85 personas por cobrar hasta 1.700 euros por contratos falsos

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 85 personas en una veintena de provincias, incluida Almería, por defraudar casi 800.000 euros a las arcas públicas a través de siete empresas ficticias. Así lo han confirmado a este periódico desde la Comisaría Nacional de Policía en Almería, donde la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras ha participado en la operación junto con otra decena más repartidas por todo el país.

La investigación, ha sido desarrollada por la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y las Brigadas provinciales de Pamplona y Logroño, Castellón, Murcia, Lleida, Zaragoza, Alicante, Granada, San Sebastián, Guadalajara, Tarragona, Algeciras, León, Huesca y Girona, además de la ya citada de Almería.

1.700€ por un contrato

Los supuestos trabajadores de las siete empresas ficticias pagaban entre 1.200 y 1.700 euros por la compra de un contrato y unos 300 euros por cada uno de los meses que permanecieron dados de alta en la Seguridad Social, informa el Ministerio del Interior en una nota de prensa.

La organización, que estaba formada por miembros de una misma familia de origen marroquí, operaba en varias provincias españolas desde septiembre de 2014. El objetivo de su empresa era que personas extranjeras pudieran solicitar autorización para residir en España u obtener subsidios y ayudas sociales por desempleo.

Los investigadores llevaron a cabo un seguimiento exhaustivo de las operaciones que realizaban siete empresas, las cuales habrían dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social de forma indebida a trabajadores extranjeros, para así permitir que éstos regularizaran su situación administrativa en España o bien para que obtuvieran ilegalmente diversas prestaciones sociales, todo ello sin que se realizase actividad laboral real alguna por parte de las personas contratadas en dichas empresas.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Navarra que daba cuenta de la existencia de un grupo de empresas administradas por ciudadanos marroquíes que al parecer vendían contratos de trabajo y altas en la Seguridad Social.

Las investigaciones pusieron de manifiesto que las supuestas empresas, habrían generado una deuda con el Sistema General de la Seguridad Social de unos 242.726,73 euros aproximadamente, además de las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta por los supuestos trabajadores tras cesar su actividad con la empresa que ascenderían a 537.905,52 euros, lo que eleva la cantidad total defraudada a casi 800.000 euros.

Regularizar su situación

Tras las pesquisas realizadas, se pudo determinar, que el fin último de todas las personas que compraban los supuestos contratos era, en unos casos para obtener un soporte documental sólido para regularizar su situación en España y, en otros, para obtener el cobro de prestaciones o ayudas sociales por desempleo. Los supuestos trabajadores de esas empresas no realizaban ningún tipo de actividad laboral real.

La operación se ha saldado con la entrada y registro en dos domicilios en los que se ha intervenido numerosa documentación relacionada con las altas y contratos fraudulentos investigados, indica la nota emitida por la Dirección General de la Policía Nacional.