El CGPJ nombra siete jueces para Almería y anuncia cuatro vacantes

La apertura del nuevo año judicial, tradición reservada para el mes de septiembre, anuncia una pequeña revolución en la nómina de jueces y magistrados con destinos en plazas de Almería. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo públicos ayer los nombramientos de nueve profesionales vinculados a órganos judiciales de la provincia y convocó el concurso para la cobertura de cuatro vacantes repartidas entre la capital y Berja.

Según la resolución de la Comisión Permanente del CGPJ, siete jueces llegan para ocupar puestos en la provincia de Almería, mientras otros dos abandonan sus actuales destinos para sumarse a tareas en Cuenca y  Tarragona (María del Henar Cabezas pasa de la Adscripción Territorial a un órgano de Motilla del Palancar y Urko Liendo cambia el Contencioso Tres de Almería por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Falset).

Con la resolución de la Comisión Permanente, el CGPJ pretende cubrir las vacantes de los órganos judiciales y reforzar los partidos más castigados por la sobrecarga de asuntos y la carencia de recursos personales.
Para ello, el Poder Judicial mantiene la línea de trabajo abierta en los últimos años y apuesta por los jueces de Adscripción Territorial. Tres reforzarán la plantilla en la provincia de Almería. Son Gonzalo Alcoba Gutiérrez, Juan Santiago Rodríguez Ruiz-Rico y Juan Antonio Boza Romero.

Se trata de juristas dependientes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), empleados en Almería y con un perfil polivalente que les llevará a cubrir las necesidades de los juzgados más saturados de trabajo o con exigencias puntuales de refuerzos. “Son miembros de la carrera judicial que tendrán el cometido de cubrir las vacantes, ausencias temporales del titular del órgano judicial o llevar a cabo funciones de refuerzo en la provincia para la que han sido designados”, explica el CGPJ.

Junto a los tres profesionales mencionados se incorporan también Clara Isabel Almohalla Díez,  María de la Paz Montiel López, Jessica Fernández Belles y Marta Aragón Arriola. Las tres primeras se reparten las plazas en los tres juzgados del partido de Vera, mientras la última se ocupará desde ahora del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de El Ejido.

Constante renovación

La resolución del CGPJ confirma una tendencia hacia una constante renovación de los titulares que, en muchos ocasiones, apenas duran unos pocos meses en los juzgados. Hastiados por la gran cantidad de asuntos pendientes, con guardias cada tres semanas y empleados en pueblos pequeños, muchos optan por  hacer en Almería sólo una parada temporal hasta hallar mejores destinos.

 El caso de Vera es paradigmático. En la resolución publicada por el CGPJ este martes se anuncia modificaciones en sus tres órganos de Primera Instancia e Instrucción. Desde 2014 acumulan dos o tres cambios de titularidad, todo ello con altas tasas de pendencia (asuntos pendientes) y un seguimiento especial del TSJA.

Más aún, a excepción de los juzgados del partido de Almería (capital, Comarca de Níjar, Andarax y Nacimiento), todos los órganos judiciales de la provincia han cambiado alguna vez de ‘director’ en los últimos tres años.
Todos los actores del sector coinciden en que esta falta de continuidad afecta a la fluidez del trabajo en los juzgados, muy castigados y sometidos a cambios periódicos.

Asimismo, los juristas insisten en la falta de incentivos para retener a los profesionales. De hecho, el Gobierno no ha contemplado la histórica demanda del sector para convertir a jueces de El Ejido y Roquetas de Mar en magistrados con la subida de la categoría de las plazas.

Esta propuesta ha sido recogida en informes de la presidenta de la Audiencia Provincial de Almería, Lourdes Molina, el juez decano de Almería, Luis Columna, o el decano del Colegio de Abogados, José Pascual Pozo. Más aún, el representante de los letrados pidió públicamente al ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante una entrevista en la capital a principios de verano, que incluyera esta solución en su hoja de ruta para mejorar el servicio a los ciudadanos.
El propio Partido Popular instó al Gobierno a esta modificación del estatus de los jueces de El Ejido durante su etapa en la oposición al Ejecutivo sociales de José Luis Rodríguez Zapatero.

Sentencias

Por otra parte, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, presentó  ayer una Proposición de Ley para reforzar las competencias del Tribunal Constitucional en materia de ejecución de sentencias.
La iniciativa, para la que el GPP ha solicitado el trámite de urgencia y la lectura única en pleno, se aprobará según señaló Hernando antes de que acabe la legislatura y con la misma, aseguró, “se pretende dotar a nuestro Estado de Derecho de más garantías, dotar al TC de herramientas más sólidas para garantizar que las sentencias se cumplan y, por lo tanto, defender los derechos individuales y colectivos del conjunto de los ciudadanos españoles sean quienes sean y estén donde estén”.