El juez militar rechaza cerrar el caso de los artificieros fallecidos en la base de la Legión

El Juzgado Togado Militar de Almería rechaza archivar el procedimiento por la muerte de tres artificieros de la Brigada de la Legión en la base de Viator el 20 de mayo de 2013 y mantiene plenamente abierta la investigación sobre las posibles responsabilidades.

En el siniestro fallecieron los brigadas Manuel Velasco y Antonio Navarro y el sargento Francisco Prieto. Además, resultaron heridos el sargento José Francisco de Borja (grave) y la cabo primero María Concepción Jiménez (leve). 
El juez imputa a un capitán del Sedex (Desactivación de Explosivos) por un presunto delito contra la eficacia del servicio que, según el Código Penal Militar, regula las decisiones negligentes que ponen en riesgo la seguridad de una  “fuerza, unidad o establecimiento de las Fuerzas Armadas”.  El instructor considera que existen indicios de delito en la orden del capitán de trasladar a una nave de la Bandera de Zapadores dos proyectiles sobrantes de unas prácticas.

El despacho Suárez-Valdés, que representa el capitán del Sedex, anunció una petición para el sobreseimiento de la causa aduciendo un informe de la Legión que asegura que el recinto era el más adecuado para depositar los proyectiles y, al mismo tiempo, la falta de pruebas sobre una orden del capitán para manipular el proyectil de 105 milímetros, según avanzó la agencia Europa Press.

Sin embargo, la instrucción continúa abierta y el juez togado ahonda en sus pesquisas para aclarar elementos determinantes en el caso, esto es, quién autorizó el uso de proyectiles caducados, qué ordenes dio el capitán sobre las dos piezas y, de forma especial, por qué se produjo la explosión.

Las acusaciones particulares, consultadas por LA VOZ DE ALMERÍA, advierten que “aún han de investigarse muchos puntos necesarios para depurar todas las responsabilidades”. María Belén Abad, del bufete Abad Abogados, representa a la familia del brigada Navarro y María Dolores Flores, del bufete Asercivil, representa a la familia del sargento  Prieto.
“Hay que depurar responsabilidades tanto de quien dio la orden de depositar el fatídico proyectil en un hangar no habilitado para ello y careciendo de autorización alguna para ello, como de quien dio la orden de que se utilizara dicho proyectil ‘Inutil 3D’, caducado y sin controles previos, para la realización de prácticas programadas para esa mañana”, explica María Belén Abad.

La detonación

Las acusaciones particulares subrayan que existen elementos “objetivos” como que  la pieza que estalló “no había pasado los reconocimientos obligatorios” y que “entrañaba un alto peligro potencial” para los artificieros, por lo que debía haberse destruido.

Asimismo, las representantes legales de los familiares del sargento Prieto y el brigada Navarro matizan que los informes periciales apuntan a tres opciones sobre el origen de la detonación. “El informe el Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería baraja hasta tres hipótesis diferentes de la explosión del proyectil”, matiza María Belén Abad.

Las hipótesis son que el proyectil cayera al suelo, que hubiera explotado de forma espontánea por su mal estado y que hubiera estallado durante la manipulación por parte de los artificieros de la Brigada de la Legión, especialistas con amplia experiencia en la materia.

Y aquí las partes mantienen visiones contrapuestas. La defensa apunta a la manipulación del proyectil por parte de dos de los legionarios fallecidos, sin que conste que el capitán diese la orden, según esta versión. Mientras, las acusaciones particulares  creen que las conclusiones son ahora “apriorísticas” y que la investigación todavía está activa.