Transforman locales en viviendas en el barrio de El Puche

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio por la ocupación de unos locales, propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) perteneciente de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, en los bajos de unos edificios de la zona de Puche Sur como viviendas improvisadas.

Visita
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Maeztu tuvo ocasión de conocer personalmente esta situación durante la visita realizada a este barrio almeriense el pasado mes de octubre, invitado por la Mesa Comunitaria del Puche, que le trasladó la principal problemática del barrio y denunció la falta de respuesta de las administraciones públicas, sobre todo en cuestiones relacionadas con la limpieza del río Andarax, las condiciones de las  viviendas, la salubridad, el alumbrado público, las deficiencias del viario o la mejora de los equipamientos públicos, entre otros aspectos.
Para el Defensor andaluz, la situación concreta del uso de estos locales como viviendas improvisadas reviste un serio peligro para sus moradores, sobre todo para los menores de edad que allí viven, al carecer de las condiciones adecuadas de seguridad y salubridad necesarias para ello.

Contacto
Es por ello, que desde el organismo andaluz se ha dirigido a la  propia Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de la Consejería de Fomento y Vivienda, queriendo conocer en primer lugar, la necesidad de vivienda de las familias ocupantes y por otro, las posibles soluciones que pudieran haber ante esta realidad. En concreto, desde la oficina del Defensor del Pueblo se le solicita a AVRA información sobre esta situación, así como la fecha en la que empezaron a producirse las ocupaciones de los locales y qué medidas se están poniendo en marcha para solventarlo. 

En relación con esto último también pregunta si se están llevando a cabo actuaciones de intervención social con las familias afectadas, especialmente en lo que a necesidad de vivienda se refiere, y si , estas familias están registradas e identificadas como demandantes de vivienda protegidas atendiendo a sus condiciones de escasez de recursos y de  exclusión social.