El prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha contestado al Gobierno en funciones que no autoriza la entrada a la Abadía para exhumar los restos de Francisco Franco."Lamentando la virulencia con la que se ha planteado un problema que podía (y puede) resolverse con diálogo, comprensión y prudencia por parte de todos los afectados, en defensa de los mismos principios morales y religiosos que movieron nuestra anterior negativa y en defensa de la inviolabilidad de los lugares de culto y 'res sacra' católicas, le comunico que esta Abadía no autoriza el acceso a la Basílica", reza la misiva a la que ha tenido acceso Europa Press.
Carta
Así lo ha indicado Cantera en un manifiesto enviado ayer en respuesta a la misiva que le envió la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, en la que le daba un plazo de cinco días para comunicar su posición con respecto a la exhumación. El prior explica que se siguen manteniendo las razones por las que denegaban su autorización al Gobierno para entrar en el templo y exhumar los restos del dictador. En concreto, precisa que "no existe el consentimiento de la familia" y que "se mantienen los principios religiosos y morales afectados".
Según han indicado a Europa Press fuentes de la Abadía, la carta de Carmen Calvo llegó al email de la Abadía del Valle de los Caídos el 3 de octubre, una vía diferente a la utilizada en el pasado cuando el Gobierno enviaba sus cartas por correo certificado e incluso las entregaba en mano. Carmen Calvo informaba al prior en su carta de que el Gobierno va a proceder a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos una vez conocida la sentencia del Tribunal Supremo.
Ahora, Cantera ha respondido a la vicepresidenta que la sentencia del Supremo no se refiere al recurso presentado por la comunidad benedictina sino al de la familia Franco. "La sentencia que me anexa se refiere a un procedimiento en el que esta Abadía no ha sido parte y, por tanto, no resuelve alegaciones esenciales planteadas en nuestro recurso", subraya el prior.
En concreto, se refiere a "la vulneración de la libertad religiosa" de su comunidad al pretender actuar en un lugar sagrado, la basílica, y sobre una "res sacra" (sepultura), "sin la preceptiva autorización eclesiástica". A la espera queda todavía la resolución del conflicto.
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