Más armas contra la venta fraudulenta de tomate marroquí

La Junta ha decidido plantar cara con todos los recursos disponibles a prácticas irregulares como el reetiquetado de hortalizas de terceros países, fundamentalmente de Marruecos, para ser vendidas posteriormente como producto procedente de Almería.

Una irregularidad, más bien un fraude, que ha encrespado los ánimos de los agricultores almerienses que ven cómo se devalúan sus hortalizas mientras se comercia con productos que llegan de fuera del país y de Europa con precios sensiblemente inferiores.

El compromiso de la Junta en esta batalla por el control de la comercialización lo expresaba ayer con rotundidad la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, que asegura que en los últimos meses se han duplicado el número de inspectores dedicados a detectar casos de reetiquetado.

Refuerzos
La consejera asegura que desde las primeras denuncias se ha intensificado el plan de inspecciones, más de 230 en el último año, un salto importante por cuanto en épocas anteriores no existían este tipo de controles ni el personal dedicado a realizar las investigaciones.

En torno a la posibilidad de hacer públicos los nombres de aquellas empresas que resulten sancionadas por la práctica del reetiquetado -ya hay seis expedientes abiertos en la provincia- Crespo afirma que estudiarán de qué forma puede hacerse sin contravenir las leyes referidas a la protección de datos. Ayer manifestaba que, llegado el momento, “estaríamos dispuestos a dar esos nombres”.

Protección
El objetivo de este tipo de actuaciones es el de salvaguardar la forma de vida y la sostenibilidad económica de la agricultura almeriense y andaluza, para la que “pedimos respeto”. Un respeto que se sustenta, entre otras fórmulas, en el cumplimiento estricto de las contingentes de importación de productos agrícolas establecidos en los acuerdos entre la Unión Europea y terceros países.

Para ello, la Administración autonómica ha pedido al Ejecutivo central los datos actualizados sobre la entrada de esas cantidades; apunta que una vez conocidos, “si se han superado los contingentes autorizados, el Ministerio de Agricultura debe tramitar la oportuna reclamación ante la Comisión Europea y a la Oficina de Lucha contra el Fraude, competentes en el control de los acuerdos”.

Misma exigencia La segunda ‘pata’ de las reclamaciones es la de que, además de exigir el cumplimiento de los cupos o de los precios de entrada, se vigile que todos los alimentos que llegan al mercado europeo, vengan de donde vengan, “cumplan con las mismas normas” en cuestiones como controles fitosanitarios. garantías de seguridad alimentaria o sostenibilidad social, laboral o ambiental.

Carmen Crespo visitaba ayer el Punto de Inspección Fronterizo del puerto de Almería, un servicio que se encarga de controlar todo tipo de productos cuando llegan desde terceros países. Alabó el trabajo que desarrollan sus técnicos del centro inspector, esencial para conocer origen, procedencia y condiciones de los productos que llegan.

Un control de acceso a los mercados, de irregularidades, de contingentes, de cumplimientos de las normas se límites de fitosanitarios o de precios de referencia que deben servir para establecer unas reglas de juego que permitan defender las producciones comunitarias.